MÉRIDA, Yuc. (apro).- El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el diputado federal panista Daniel Ávila Ruiz, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a la alcaldesa priista Angélica Araujo Lara por el posible desvío de recursos públicos federales, uso indebido de atribuciones y facultades y peculado. El legislador yucateco argumentó que la munícipe utilizó recursos etiquetados por la Federación, a través del Fondo de Fortalecimiento Municipal, para pagar 1.5 millones de dólares a la empresa Entretenimiento, Promoción y Eventos de México SA de CV, encargada de organizar el concierto de Shakira en Yucatán. En su denuncia, que interpuso en la sede de la PGR en la capital del país, Ávila Ruiz expuso que el Fondo de Fortalecimiento Municipal, aprobado por el Congreso de la Unión en 1998, tiene como objetivos, entre otros, asignar, distribuir y aplicar recursos públicos federales para cubrir las necesidades sociales relacionadas con educación, salud, infraestructura social y seguridad pública. Es por ello que el legislador federal solicitó además una investigación sobre una transferencia bancaria del ayuntamiento al promotor artístico Adrián Esteban de León Sosa, representante de Entretenimiento, Promoción y Eventos de México S A, de fondos asignados para el ramo social. El concierto de Shakira se realizó en la capital yucateca el sábado 16 de julio en terrenos de la exestación de ferrocarriles, que el ayuntamiento habilitó ex profeso para el evento. “En marzo de 2011, Araujo Lara expuso que el concierto de la cantante colombiana era un proyecto autofinanciable, de carácter gratuito para todos los asistentes, y que su finalidad era promocionar y consolidar a Mérida como destino turístico”, recordó el diputado. La denuncia contra la funcionaria, argumentó, obedece a su encargo legislativo de vigilar las cuentas públicas, pues “se presume que las finanzas municipales del ayuntamiento de Mérida fueron afectadas por hacer erogaciones no contempladas en el presupuesto correspondiente”. En la queja también destacó que “otra violación que se deriva de este evento es a las disposiciones de la Ley Federal de Acceso a la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, entre otras normas federales y estatales”. Lo anterior, explicó, es porque hasta la fecha no hay información pública “sobre el monto otorgado por los supuestos donantes al pago de los gastos de dicho concierto, ni sobre el costo de obras y acciones previas a su celebración”. Además de esta denuncia, pesan sobre la alcadesa demandas de juicio político promovidas ante el Congreso local por el diputado panista Renán Barrera Concha y por organizaciones ciudadanas por su presunta responsabilidad en la golpiza contra un grupo de opositores a la construcción de un distribuidor vial en la emblemática avenida Paseo de Montejo.