COLIMA, Col. (apro).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora, aseguró que además de ser la institución con el mayor número de quejas por presuntos abusos contra la población, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) es también la autoridad más renuente al cumplimiento de las recomendaciones de ese organismo. Al presentar su informe anual de labores, el ómbudsman señaló que durante 2011, la comisión que encabeza recibió 460 quejas por violaciones a los derechos humanos, de las que 141 fueron dirigidas contra la PGJ, 60 contra la Armada de México y 55 contra la Secretaría de Seguridad Pública estatal, entre otras autoridades. En el mismo año, agregó, la CDHEC emitió ocho recomendaciones, de las cuales cuatro fueron enviadas a la Procuraduría local, que no ha cumplido ninguna de ellas cabalmente, ya que se ha resistido a sancionar a los servidores públicos señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. Pero eso no es todo, ya que según datos del organismo, la gran mayoría de las recomendaciones recibidas por la PGJ en el periodo de 2007 a 2011 han sido rechazadas, y en los casos que han sido aceptadas no han sido cumplidas en sus puntos medulares. Entre los actos que originaron las quejas de los ciudadanos ante la CDHEC en 2011 destacan abuso de autoridad, violación al derecho a la integridad y seguridad personal, dilación en la procuración de justicia, detención ilegal, violación a los derechos de los niños, violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, y allanamiento de morada. El ómbudsman informó que de las 460 quejas recibidas el año anterior, 128 fueron turnadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tratarse de asuntos de competencia federal; 141 fueron archivadas por falta de interés del quejoso o por desistimiento, y 105 fueron resueltas durante el trámite. Chapula de la Mora rindió su informe ante el Congreso del estado, en un acto al que no asistieron el gobernador Mario Anguiano Moreno –quien envió como su representante al secretario general de Gobierno, René Rodríguez Alcaraz– ni la procuradora general de Justicia, Yolanda Verduzco Guzmán.