PUEBLA, Pue. (apro).- Representantes de Amnistía Internacional, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE SJ) pidieron al gobernador Rafael Moreno Valle liberar al excomandante de la policía de Pahuatlán, Carmelo Castillo Martínez, preso desde julio del año pasado. En rueda de prensa, los organismos señalaron que las acusaciones contra Castillo Martínez se relacionan con el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, quienes fueron declarados por Amnistía Internacional “presos de conciencia”, al considerar que se les implicó injustamente en un delito por haber defendido el acceso del agua a su comunidad. José Rosario Marroquín, director general del Centro Prodh, explicó que en octubre de 2009, al excomandante se le imputó el delito de robo de un automóvil, cuando lo único que hizo fue ayudar a Ramón Aniceto y a Pascual Agustín, quienes en ese entonces eran presidente auxiliar y juez menor de la comunidad de Atla, en el municipio de Pahuatlán. “Ahora bien, tanto el Centro Prodh como el IDHIE SJ hemos llegado a la conclusión de que la verdadera razón por la que Carmelo Castillo Martínez se encuentra preso injustamente es por su labor de prestar auxilio a las entonces autoridades tradicionales de Atla, José Ramón y Pascual, al ser éstos agredidos por un miembro del grupo caciquil que por décadas ha manejado inequitativamente el agua potable de la comunidad y ha obtenido lucro de ello”, exponen los organismos en una carta dirigida a Moreno Valle. Explican que Abraham Aparicio, identificado como parte de la familia caciquil de la comunidad ubicada en la Sierra Norte de Puebla, quiso cobrar revancha porque en octubre de 2009 el entonces comandante de la Policía detuvo y remolcó el automóvil de su propiedad, luego de que el cacique trató de atropellar a los representantes nahuas. “Es por ello que inventó que José Ramón, Pascual y Carmelo realizaron en contubernio el robo de su vehículo, mismo que jamás fue robado y que fue visto en propiedad del denunciante varios días después del supuesto delito”, agregan. En el caso de José Ramón y Pascual, los organismos defensores de derechos humanos han evidenciado múltiples irregularidades, como el hecho de que no contaron con traductor-intérprete, no se tomaron en cuenta testimonios de descargo, se desestimaron contradicciones de los testigos de cargo y no se consideraron las motivaciones de odio que originaron la denuncia, entre otros. “De igual forma, el comandante Carmelo fue detenido y se le ha procesado por un delito que no existió y no cometió”, precisan. Los organismos indican que recientemente el juez penal de Huauchinango cerró la causa penal 242/2009 que se sigue contra Carmelo Castillo, por lo que decidieron dirigir el escrito al gobernador y al procurador general de Justicia, Víctor Carrancá, para pedir que presenten conclusiones del caso de 'no acusación'. “Consideramos que con acciones como la que está aún en sus manos, el estado de Puebla podrá reconocer la existencia de injusticias que provocan el encarcelamiento de personas inocentes y que, al remendarlas, permite sentir confianza dentro de la población. Sobre todo, su acción constituirá un acto de justicia para quienes como el comandante Castillo se encuentran privados de su libertad por el uso indebido del sistema de justicia penal”. Cabe recordar que por intervención del Centro Prodh y del IDHIE SJ, los casos de José Ramón y Pascual fueron llevados a revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.