MONTERREY, N.L. (apro).- El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres rechazó una solicitud para investigar las causas por las cuales se ha incrementado el número de muertes violentas contra personas del sexo femenino en Nuevo León. La solicitud, enviada el pasado 12 de enero, está firmada por la directora de la agrupación Arthemisas por la Equidad, Irma Alma Ochoa Treviño, así como por Alternativas Pacíficas, además de Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León (Cimac-NL) y Pro Salud Sexual y Reproductiva. De acuerdo con las activistas locales, la iniciativa tiene como objetivo que se declare una “alerta de violencia género” (AVG) en la entidad, en virtud de cada vez son más frecuentes los homicidios dolosos contra mujeres y niñas. Según las estadísticas que presentaron, sólo en 2011 hubo 221 asesinatos en el estado. La solicitud fue aceptada para su revisión el pasado viernes 3, pero fue desechada en la sesión del miércoles 8, con 19 votos en contra y 13 a favor. El dictamen oficial será publicado en los próximos días. Desde la creación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en 2007, nunca ha sido lanzada una AVG. Esta es la cuarta solicitud que es rechazada. Antes se hizo lo mismo en los estados de México, Oaxaca y Guanajuato. La directora de la agrupación Arthemisas por la Equidad, Irma Alma Ochoa Treviño, anunció que planea promover un amparo contra la decisión, apoyada por feministas de otras organizaciones en el país, debido a que se les negó el derecho de audiencia en la sesión. De acuerdo con la activista, el estado de Nuevo León, representado por el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), votó en contra de la solicitud, decisión que calificó como una “simulación” frente a los feminicidios públicamente conocidos. María del Refugio Ávila, secretaria ejecutiva del IEM, confirmó el voto negativo de la entidad, debido a que –dijo– no se comprobó que los crímenes perpetrados contra mujeres en territorio nuevoleonés obedezcan a causas de género o de odio. Además, señaló que la solicitud de Arthemisas incumplía con requisitos formales básicos, como una exposición clara de la totalidad de los casos donde se demostrara que hubo violencia de género en cada uno de los homicidios expuestos. La solicitud de investigación para la AVG fue solicitada por las organizaciones civiles de Nuevo León, debido a un incremento considerable en homicidios dolosos, que las feministas llaman violencia feminicida, según explicó Ochoa Treviño. Según un reporte hemerográfico realizado por Arthemisas, en el año 2000 se registraron 28 muertes violentas de mujeres, y en 2011 el número aumentó a 221, es decir un incremento de 689%. A lo largo de esos 12 años ocurrieron en la entidad 548 muertes de mujeres y niñas, y en lo que va de 2012 –hasta el viernes 10– han sido asesinadas 23 personas del sexo femenino. En la solicitud rechazada, las organizaciones feministas piden que el gobierno de Nuevo León emprenda acciones necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres y para que cese la violencia en su contra, además de aplicar acciones preventivas para abatir la violencia feminicida. Asimismo, que sea asignado presupuesto para enfrentar la contingencia feminicida, y que el gobierno dé a conocer el motivo de esta alerta, principalmente en los municipios con mayor incidencia de violencia de género. Ochoa Treviño consideró el rechazo como una simulación de los consejeros del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que votaron en contra, pues al parecer –agregó– no se percatan de que los homicidios contra las mujeres nuevoleonesas van a la alza. La activista se mostró indignada por el voto en contra del IEM de Nuevo León, pues a pesar de que saben que hay un aumento alarmante en la estadística criminal, no ha tomado medidas al respecto. “Al parecer no está viendo el Instituto la situación que prevalece en el estado de Nuevo León, no ve el número de mujeres asesinadas. Ellos llevan, igual que nosotros, un registro hemerográfico de las muertes de mujeres. Tienen una base de datos de cómo está la violencia contra las mujeres, pero ¿de qué les sirve? Porque pueden darse cuenta con ella de que lo que se está haciendo no está dando resultados”, afirmó. Ochoa manifestó que antes de la sesión promovieron una solicitud para que alguna de las activistas estuviera presente, pero fue rechazada, y con ello –añadió– les negaron el derecho a audiencia y no conocieron los argumentos que motivaron la negativa. Por ello, dijo, se planea promover un amparo ante la justicia federal para revertir la decisión. “Se estudia la posibilidad de interponer un recurso, apoyados por organismos no gubernamentales a nivel nacional, dado el interés público que representa esto para la vida y libertad de las mujeres, porque se nos limitó el derecho de audiencia”, puntualizó la activista. Por su parte, Juany Nava, directora de Cimac-NL, consideró que el rechazo del IEM en la entidad representa una muestra de insensibilidad y falta de interés sobre la seguridad de las mujeres. “El Instituto en Nuevo León es un mecanismo para el avance de las mujeres, y lo que evidenciaron fue una falta de interés en lo que le pasa a las mujeres aquí, están negando una realidad. La alerta de género pide que se investiguen estos hechos tan lamentables que se han incrementado en los últimos años”, comentó la periodista. Al explicar la razón por la que el IEM votó en contra de la solicitud de investigación para la AVG, la secretaria ejecutiva, María del Refugio Ávila Carmona, precisó que las promoventes no cumplieron con formalidades requeridas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, de la que se desprende el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Entre otros puntos, explicó, incumplieron con el artículo 33 de la mencionada ley, al no acreditar en qué consistieron los hechos violatorios de los derechos humanos de las mujeres en cada uno de los casos expuestos, pues se menciona de manera general. “Como discurso se puede decir, pero los que acusan tienen que definir qué es lo que no se hace correctamente, y ese es un requisito que debe exponerse de manera concreta y enfocada”, señaló en entrevista. Tampoco precisaron qué grupo de mujeres es afectado por la alegada violencia, pues en la petición citan edades, pero no circunstancias ni características especiales, añadió. Las organizaciones que pidieron la investigación, incluyeron como feminicidios a las mujeres que perecieron en el ataque al Casino Royale, al poniente de Monterrey, el 25 de agosto del 2011, donde perdieron la vida 52 personas, de las cuales 42 eran mujeres. Para Ávila Carmona, en ese caso concreto las mujeres murieron por “un accidente trágico”. Subrayó: “Fue una situación de la delincuencia organizada en la que las personas, con la intención de dañar a la persona dueña del negocio, no dimensionaron (el ataque) y ahí se explicó en la averiguación. ¿Quién iba a saber en qué número y cantidad? Por el hecho de ser mujeres, no fue por eso que murieron, sino porque les tocó estar ahí”. En otros casos incluidos en la solicitud hay mujeres atropelladas por automóviles en incidentes de fuego cruzado entre delincuentes, casos que no pueden ser considerados feminicidios, dijo. “Las cuestiones deben ser claras y precisas, y (la solicitud) no cumplía con esas características completa y cabalmente como piden los artículos de la Ley. Otro artículo dice que la solicitud sólo podrá ser admitida para ser puesta a consideración cuando se afirme la totalidad de los supuestos que se mencionan, y en esa propuesta dicen que hay violencia sistemática contra la mujer”, comentó la funcionaria. Señaló que el IEM Nuevo León lleva un recuento estadístico de las muertes de mujeres y ya se ha emprendido un estudio serio para determinar las causas que han originado esta violencia, es decir, si hay un incremento en la estadística y si ellas perecen por el hecho de ser mujeres.