TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un grupo de organizaciones no gubernamentales hizo hoy un llamado a los diputados federales para que rechacen el dictamen de Ley General para la Protección de los Derechos de la Niñez, ya que la iniciativa –denunciaron– tiene varias irregularidades y no ha sido consensuada entre los grupos civiles. Los organismos Melel Xojobal, Integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras (AMPC), deploraron el proyecto de ley impulsado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. Es por ello que las ONG pidieron a los diputados de esa comisión abrir al debate nacional este proyecto, pues esta ley debe ver a niñas y niños como sujetos de derechos, no como objetos de protección. Además calificaron de “improvisado” el proyecto de ley, que ignora la realidad de millones de niñas y niños en México, así como recomendaciones de organizaciones internacionales en la materia. Las ONG expresaron su preocupación luego de que el dictamen fuera aprobado el viernes 13 en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. “Dicha iniciativa de ley se limita a una lógica proteccionista de la infancia, cuando debiera ser una ley que esté a la altura, que mejore o sustituya la normativa vigente, y que tenga un claro énfasis en la promoción y en la garantía de los derechos de las niñas y niños”, argumentaron. De acuerdo con la Redim, “el índice de medición sobre la calidad de la iniciativa de ley general, desde el marco de los derechos de la infancia, obtuvo 2.6 de 10 puntos, puntuación menor a la legislación de Chiapas en la materia, que tiene 3.2”. Señalaron que es urgente que se tomen en cuenta las recomendaciones emitidas en 2006 al Estado mexicano por el Comité de los Derechos del Niño. Asimismo, abrir un debate para discutir esta ley, donde participe la sociedad civil organizada, la academia y otros actores que no sólo protejan sino promuevan los derechos de niñas y niños. Las ONG también criticaron que esta iniciativa no considere a estos niños y niñas como población que requiere acciones específicas para la restitución de sus derechos, debido a las condiciones de alta exclusión en que viven aquéllos. La iniciativa, destacaron, considera que la única forma de abordar el trabajo infantil es a partir de la abolición del mismo, sin considerar que éste es una necesidad para muchas niñas y niños que viven en pobreza extrema El ordenamiento, resaltaron, debería apuntar hacia el trabajo digno y sin riesgos, que permita y promueva el desarrollo de las niñas y los niños. Explicaron que esta iniciativa no define de forma clara las responsabilidades establecidas para los padres, tutores y sociedad en general, reconociendo que el bienestar de la infancia no es un asunto privativo de las familias, sino un tema de interés público. Por último, pidieron que la ley esté en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, y responder a las recomendaciones de la ONU en la materia, así como incorpore las ideas y observaciones de los defensores de los derechos de los niños en el país.