GUADALARA, Jal. (apro).- El Congreso local demandó la nulidad del convenio que celebraron la Presidencia de la República y los poderes ejecutivos de Jalisco y Guanajuato para operar la presa El Zapotillo, debido a que el territorio jalisciense dejó de recibir varios volúmenes de agua del río Verde. Los diputados instruyeron al director de asuntos jurídicos del Poder Legislativo, Luis Enrique Villanueva Gómez, a entablar los recursos legales necesarios para dar marcha atrás a dicho convenio, lo que derivó en una controversia constitucional presentada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado viernes 7. Además de Villanueva, el documento fue suscrito por los diputados Raúl Vargas López, del PRD, y las priistas Noa Zurisadai Acosta Esquivias y Ángela Gómez Ponce. Según el documento de apelación, la disminución de agua que corresponde a Jalisco se hizo oficial mediante un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 1997, en un aproximado de 56% anual. “Se advierte de dicho acto controvertido una cuota por 104’068,800.00 de m³ (ciento cuatro millones sesenta y ocho mil ochocientos metros cúbicos anuales) para la Zona Metropolitana de Guadalajara y otra por 56’764,800.00 m³ (cincuenta y seis millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos metros cúbicos anuales) para municipios de Los Altos de Jalisco, todo ello de los 372’139,000.00 m³ (trescientos setenta y dos millones ciento treinta y nueve mil metros cúbicos anuales) que originalmente por derecho inalienable le corresponden el estado de Jalisco”, dice la demanda en cuestión. De acuerdo con los legisladores, el 16 de octubre de 2007 el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y su entonces homólogo de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, firmaron un convenio de coordinación por conducto de la Comisión Nacional del Agua para realizar los estudios, proyectos y construcción de la presa El Zapotillo, con lo que se violentó la soberanía del Poder Legislativo, ya que no se pueden suscribir actos que trasciendan a su administración, y el citado convenio es por 30 años, tiempo estimado para la recuperación de la inversión económica. Otro elemento que cuestionan es que el convenio establece la construcción de la presa con una cortina de 80 metros de altura, pero “en caso de ser factible técnica y socialmente”, apuntaron, se construiría a una altura de 105 metros. Luego, en la cláusula octava, dice que para darle agua a Jalisco, la altura de la cortina tiene que ser de 105 metros. Para los legisladores, lo anterior afecta a los jaliscienses, por lo que piden que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, hasta que se resuelva la presente controversia constitucional. El Congreso local dejó abierta la posibilidad de que se sumen 15 municipios que se han visto afectados directamente con la reducción del suministro de agua del río Verde.