GUANAJUATO, Gto., (apro).- A seis meses de que el Instituto Nacional de las Mujeres (Indujeres) recomendara al gobierno estatal la aplicación de diez medidas emergentes para poner freno a la violencia contra las mujeres, esas acciones no se han cumplido, por lo que se enviará un documento a la Secretaría de Gobernación para reportar las condiciones que se viven en la entidad, anunció la diputada priista Éricka Arroyo. La también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género recordó que las medidas emergentes fueron recomendadas luego de que se rechazó la declaratoria de alerta por violencia de género, solicitada por el Centro Las Libres en abril pasado ante la ola de feminicidios o asesinatos violentos registrados en lo que va del año. Los organismos que conforman el sistema nacional para prevenir la violencia hacia las mujeres votaron mayoritariamente en contra de la declaratoria. Sin embargo, el Inmujeres emitió diez recomendaciones al gobernador Miguel Márquez, calificadas como emergentes, es decir, de aplicación inmediata. Entre ellas destacan el enviar un mensaje claro y contundente de “cero tolerancia” a la violencia de género por los titulares de los tres poderes; implementar una campaña de prevención que tenga información sobre medidas de seguridad y números de emergencia, y difundir entre el personal de las corporaciones de seguridad estatales y municipales protocolos de atención en casos de violencia de género. Además, establecer una mesa interinstitucional con la Procuraduría de Justicia, el ombudsman estatal, Instituto de la Mujer Guanajuatense, familiares de las víctimas asesinadas y representantes de la sociedad civil para dar seguimiento a los casos y aplicar los protocolos para la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, entre otras. “Este documento fue emitido por la instancia federal el pasado mes de abril, y hasta ahora eludido por el gobierno estatal que, en su informe de cumplimiento, dista de los resultados previstos para la naturaleza de las medidas”, denunció hoy en la tribuna Arroyo Bello, al hablar en el marco del Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. La diputada dio a conocer que organizó un foro de trabajo con activistas de derechos humanos, académicos, funcionarios federales, estatales y municipales, así como medios de comunicación, con el fin de analizar estas medidas y presentar una lista de propuestas al gobierno del estado y federal, con el fin de que se cumplan las acciones. “Una conclusión reiterada en cada una de las mesas fue justo la ausencia del cumplimiento de las leyes existentes, incluida la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que sigue rebasada por un Código Penal y Civil, y por ello es ignorada para garantizar el acceso pleno e igualitario de las mujeres a la justicia”, acusó la diputada. También dejó en claro que en la atención a los casos de violencia se ha superado la etapa de sensibilización de los servidores públicos. “No es un tema de convencimiento de conciencias, es un tema de cumplimiento legal y así estipulado en la Carta Magna”, insistió la legisladora. Éricka Arroyo propuso revisar la ley de servidores públicos para sancionar omisiones o acciones en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, fortalecer las instancias especializadas y que el gobierno del estado acepte la instalación de un observatorio académico para trabajar en el diagnóstico, propuestas y recomendaciones que sean atendidas desde el ámbito educativo, salud y la administración de justicia. Hasta la fecha, reclamó la legisladora, no hay trabajo ni avances en la mesa de los tres poderes que se acordó desde hace varios meses, ni una campaña preventiva contundente dirigida a los agresores, ni la suficiencia presupuestal para realizar los programas emergentes “y, lo más grave, persiste la resistencia a reconocer los feminicidios” por parte del gobierno estatal.