VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Durante los últimos cuatro años, de 2009 a 2012, la Secretaría de Educación (SE) dejó de pagar a la Secretaría de Hacienda más de 2 mil millones de pesos del Impuesto Sobre Renta (ISR) que descontó a maestros tabasqueños, denunció el titular de la dependencia, Rodolfo Lara. En rueda de prensa, el funcionario informó que la presunta evasión fiscal la acaban de “detectar” y se investiga “donde quedó el dinero del ISR” que la SE no depositó a Hacienda. Lara Lagunas dijo desconocer si esta cantidad ya está sumada a los más de 17 mil 700 millones de pesos de deuda que hace unos días reportó el gobernador Arturo Núñez Jiménez. También recordó que contra la extitular de la SE, Beatriz Luque Green, ya existe una demanda ante la Contraloría estatal por haber cobrado más de medio millón de pesos después de que renunció al cargo en febrero de 2012 para participar como candidata del PRI a una diputación local en el pasado proceso electoral, la que por cierto no ganó. Antes de dejar el cargo, Luque Green se adjudicó dos plazas de maestra, una estatal y otra federal, a las que solicitó licencia para participar en la campaña electoral, aunque siguió cobrando de febrero a diciembre pasado. Desde octubre del año pasado ya se sabía del desastre financiero que privaba en la SE. En esa fecha, se hizo pública una carta que un mes antes envió Deyanira Camacho Javier, sucesora de Luque Green en la SE, al gobernador priista Andrés Granier para informarle sobre “la grave situación financiera” en que se encontraba la dependencia, por un déficit de más de mil 200 millones de pesos. La funcionaria reveló que la SE estaba “imposibilitada” para enterar a Hacienda del ISR retenido a los trabajadores federalizados y subsidiados, que sólo de enero a septiembre de 2012 sumaba unos 473 millones 487 mil 984 pesos. Adicionalmente, explicó, se debía considerar el pago del 1 de octubre al el 31 de diciembre de prestaciones comprometidas, así como otros gastos relacionados con la operación de los servicios educativos, “cuyas acciones representarán una erogación de 736 millones 254 mil 903.63 pesos”. En tanto, la Cámara de Diputados aprobó hoy que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) audite los recursos federales que manejó el gobierno de Andrés Granier en el 2012, y de hallar irregularidades, presente denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quienes resulten responsables. La propuesta fue presentada por el diputado panista Francisco Castillo Ramírez, quien aseguró que hay muchas evidencias de enriquecimiento ilícito del exgobernador y su familia, así como de sus principales colaboradores, que ya están siendo investigados por la Procuraduría del estado, donde la Contraloría estatal ha presentado siete demandas penales. El legislador del PAN mencionó que, de acuerdo con el primer reporte del gobernador Arturo Núñez sobre cómo encontró las finanzas estatales, existe un faltante de mil 918 millones de pesos pertenecientes a programas federales de salud, educación, seguridad pública, justicia y otros rubros, “que nunca fue reportado ante el Congreso por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado” (OSFE). Además, denunció que el OSFE se ha caracterizado “por ser cómplice de la corrupción en Tabasco”, pues nunca detectó los desfalcos en el sector salud y el tráfico de influencias que prevaleció en la administración de Granier Melo. “Se exhorta a la ASF para que fiscalice directamente los recursos federales que el gobierno de Tabasco ejerció durante el ejercicio fiscal 2012, formule los pliegos de observaciones correspondientes y se finquen las responsabilidades a que haya lugar, dando vista en su caso a la PGR para que inicie las acciones legales que procedan”, planteó Castillo Ramírez en la propuesta que fue votada como de urgente resolución y avalada por todas las bancadas, incluyendo la del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El legislador también exigió que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes en el marco del Convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización de los recursos federales transferidos para la administración, ejercicio y aplicación al estado de Tabasco, signado entre la ASF y el OSFE.