VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La Secretaría de Educación (SE) estatal integra un equipo de auditores para revisar el fin que tuvieron los casi 10 mil millones de pesos que Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó en contratos a universidades y tecnológicos de la entidad en el sexenio de Felipe Calderón. Rodolfo Lara Lagunas, titular de la dependencia, informó que para ese propósito se analiza la posibilidad de solicitar apoyo de la Secretaría de la Contraloría del estado. También se estudia bajo qué mecanismos legales se podrían auditar a las instituciones de enseñanza superior en aras de transparentar los ingresos que obtienen vía proyectos de investigación para Pemex. El funcionario señaló que lo anterior es por los señalamientos de presuntos actos de corrupción en el manejo de los recursos provenientes de convenios firmados entre Pemex y las universidades e institutos tecnológicos, pues en el anterior gobierno no hubo mecanismos de control de esos dineros. “En este gobierno la Secretaría de Educación pretende que se  transparenten los ingresos entregados por la paraestatal y el uso que las instituciones de educación superior dan a los mismos”, manifestó. De acuerdo con el investigador y académico, Javier Herrera Escamilla, la paraestatal, a través de Pemex Exploración Producción (PEP), destinó en los últimos siete años casi 10 mil millones de pesos a universidades y tecnológicos de Tabasco, en contratos para obras y otros servicios como certificaciones ambientales. Sin embargo, dijo, hasta ahora se desconoce el paradero de esos millonarios recursos y los beneficios en las instituciones educativas. Herrera Escamilla, que ha seguido e indagado este caso a través de informaciones oficiales solicitadas a institutos de transparencia locales y federales, explicó que tan sólo en 2012, PEP firmó contratos con universidades y tecnológicos por tres mil 500 millones de pesos; y de 2006 a 2011, otros 6 mil 288 millones de pesos, lo que suma casi 10 mil millones en los últimos siete años. “No se sabe dónde se aplicaron los recursos, quiénes fueron los que realizaron los trabajos para PEP y en función de qué fueron seleccionados”, denunció. Lamentó que esta información no esté disponible en las páginas de transparencia de los centros educativos beneficiados; y que los contratos sólo los firmen los directivos de Pemex y los rectores de universidades y directores de tecnológicos, y no otras autoridades educativas como ocurre con la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). “Los contratos de Pemex con la UNAM y el Politécnico Nacional están de manera clara, más transparente, es un procedimiento totalmente diferente a lo que ocurre en Tabasco”, aseguró. Detalló que en 2012 la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) facturó a PEP más de 673 millones de pesos; la Universidad Popular de la Chontalpa, 819 millones y el Instituto Tecnológico de Comalcalco, 710 millones. La Universidad Politécnica del Golfo, la Universidad Tecnológica, el Tecnológico Superior de la Sierra y el Tecnológico de Los Ríos, facturaron 641, 385, 170 y 45 millones de pesos respectivamente, entre otros centros educativos como el Conalep. Destacó el caso de la UPCH que, a pesar de haber recibido más dinero por contratos con PEP, no puede pagar 50 millones de pesos que adeuda al Instituto de Seguridad Social de Tabasco (ISSET) y salarios atrasados a sus docentes. No obstante, su exrector y hoy funcionario de la Secretaría de Educación estatal, Pedro Javier Muñoz Vergara, se autorizó dos “bonos de actuación” en diciembre pasado, uno por 41 mil y otro por 110 mil pesos, de los ingresos vía contrato con Pemex. El investigador y académico también deploró que el rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, cobre más salario que un gobernador, pues en 2012 recibió un millón 783 mil 628 pesos, superior al millón 739 mil 692 pesos que cobró el ex gobernador Andrés Granier Melo.