TIJUANA, B.C. (proceso.co.mx).- Un informe de la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo de Baja California dio como resultado que el auditor de Órgano de Fiscalización Superior del estado, Manuel Montenegro, utilizó recursos públicos de manera indebida durante 2013. La diputada panista Rosalba López Regalado, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, denunció esta conducta ilegal a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado para que se investigue en la Comisión de Fiscalización y se dé aviso a la Procuraduría General de Justicia del estado para que inicie una averiguación ante la sospecha de que cometió un delito. Con estas acciones, el auditor incurrió en el incumplimiento de las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California y de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado. Montenegro Espinoza, acusado del uso indebido de recursos públicos por 10 millones 481 mil 146 pesos, es titular del ORFIS y a principios de este siglo abandonó sus actividades comerciales al frente de la Cervecería Modelo en la zona costa de Baja California ser postulado por el PRI y ganar la presidencia municipal de Ensenada. López Regalado dijo que en 2013 Montenegro Espinoza solicitó un incremento presupuestal del 31% y aunque dicha solicitud no se sustentó, fue aprobada en el pleno del Congreso que en ese entonces tenía mayoría priista, aunque se condicionó a la viabilidad financiera estatal. “Las razones para la petición fueron poco claras y bajo rubros como servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, así como bienes muebles, inmuebles e intangibles”, dijo López Regalado. Sin contar con la autorización de viabilidad financiera, Montenegro Espinoza hizo movimientos financieros en esa área donde algunos empleados del ORFIS dejaron de recibir el pago por sus labores, debido a que hubo contratación de personal sin estar programado dicho gasto en el presupuesto del Poder Legislativo, además de que una veintena de trabajadores fueron beneficiados con su basificación, sin contar con los requisitos para ello contenidos en la Ley de Servicio Civil del Estado, cuyos salarios oscilan entre los 17 mil pesos hasta los 51 mil 739 pesos mensuales. “Tuve acceso al Análisis de Movimientos de la Secretaría de Finanzas del Estado y en lo que respecta al ORFIS se advierten sobregiros presupuestales muy significativos en los meses de mayo, noviembre y diciembre por un total de 10 millones 481 mil 146 pesos”, señaló la diputada panista.