TEPIC, Nay. (apro).- El magistrado Emiliano Zapata Sandoval Blasco, integrante del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Nayarit, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga un juicio de amparo con el que busca impedir la desaparición de ese órgano del Poder Judicial de la entidad, que según un decreto del Congreso local suspenderá sus funciones el próximo 18 de diciembre. Interpuesto en contra de autoridades de los tres poderes de Nayarit, el juicio de amparo 944/2014 fue sobreseído por  el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Civil y Administrativo y actualmente se dirime en el Segundo Tribunal Colegiado de Tepic, como amparo en revisión 388/2014. En entrevista vía telefónica, Sandoval Blasco informó a la agencia Apro que la petición de atracción del caso fue entregada personalmente en las oficinas de cada uno de los ministros integrantes de la SCJN. La reforma constitucional para desaparecer el TJA, cuyas funciones serán asumidas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), fue promulgada en abril pasado, y en los artículos transitorios se fijó el 19 de diciembre de 2014 como plazo para concluir el proceso. Según el magistrado quejoso, la decretada desaparición del tribunal constituye “un acto arbitrario del poder en el estado de Nayarit, en el cual se ha puesto fecha para la eliminación de todo un tribunal constitucionalmente autónomo”. En su escrito dirigido a los ministros de la SCJN, Sandoval Blasco añadió: “Esta sola idea es en sí misma inaceptable en el régimen de democracia constitucional en que vivimos o pretendemos vivir, ya que representa una regresión a la progresión y consolidación de las garantías para salvaguardar los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales”. Sostuvo que el proceso legislativo mediante el cual se decidió la suerte del TJA “es aberrante, pues el argumento (que es el único) de la exposición de motivos es en el sentido de que con tal eliminación ‘se busca que la justicia administrativa tenga cobertura estatal’, lo cual es falso, pues en sus casi 12 años de vida institucional dicho tribunal constitucionalmente autónomo ha impartido justicia en forma completa, imparcial, expedita e independiente a quienes así lo han solicitado en todo su ámbito de competencia territorial, además de que en dicho aberrante proceso legislativo no hubo el mínimo debate”. Sobre el asunto, el pasado 6 de abril la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos AC, presidida por la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, manifestó su “completo rechazo” a la aprobación de la iniciativa. A través de una carta dirigida al gobernador Roberto Sandoval Castañeda, publicada en la edición 1953 de la revista Proceso, la organización expuso que los tribunales que imparten justicia administrativa no deben ser adscritos a ninguno de los poderes de los estados, pues “dada su naturaleza, se vulneraría su autonomía e independencia para emitir sus fallos, y con ello se trastocaría su esencia como órgano garante de legalidad, dotados de imparcialidad y libertad respecto de los poderes constituidos, al tiempo que se desmantelaría un sistema de especialización que ha costado mucho tiempo construir”.