MONTERREY, N.L., (apro).- En el último año de su sexenio, el gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, muestra su rostro represor. A lo largo de su administración el mandatario se manifestó respetuoso de la manifestación de ideas. Su administración había sido acusada de derrochadora y opaca, pero no de intimidante. Son varios los episodios recientes que exhiben ahora la intolerancia del gobierno de Medina de la Cruz, y si bien organismos ciudadanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) han iniciado investigaciones, no se han emitido hasta ahora recomendaciones ni se sabe que hayan sido aplicados correctivos. Represión estatal El más conocido de los incidentes en el que supuestamente se violaron los derechos humanos ocurrió este año contra el reportero Julio César Dávila Martínez, del periódico local Mi Nación, detenido el pasado lunes 6 cuando tomaba fotografías a las unidades de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) que estaban estacionadas en doble fila. Cuando se retiraba, el comunicador fue interceptado por elementos de la AEI, quienes lo detuvieron y acusaron de “halcón”. Erika Torres, esposa de Dávila Martínez, denunció que el reportero estuvo incomunicado en la Casa del Arraigo. Dos días después del arresto, el procurador de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, dio a conocer que Dávila Martínez había sido detenido por haber tomado fotografías “de manera furtiva”, acción que, dijo, está tipificada como delito. De acuerdo con el funcionario estatal, el reportero había mostrado una credencial vencida del periódico The News Paper donde alguna vez trabajó y que la dirección del documento era inexistente. También mostró seis memorias USB, dos chips de telefonía móvil, una laptop, una cámara, dos discos duros y cuatro teléfonos celulares que le aseguraron al detenido. De la Garza anunció la libertad de Dávila, pero advirtió que el Ministerio Público seguiría investigándolo para determinar si era responsable de algún delito. El jueves 9 la CEDH emitió medidas cautelares urgentes a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) para que salvaguardara la integridad física del periodista. En tanto, el área de Orientación y recepción de Quejas acudió a la Casa del Arraigo para obtener información e iniciar una investigación de oficio por la detención del reportero. El martes 14 por la mañana, un día antes del quinto informe de gobierno de Rodrigo Medina, 24 jóvenes fueron detenidos en diversos puntos de esta capital cuando desplegaban mantas de reproches al mandatario. Entre ellos había menores de edad. En una de las lonas, colocada en el paso peatonal elevado conocido como Puente del Papa, sobre la avenida Constitución, se leía: “Da Estado millones a empresa todóloga”, y junto la leyenda quegacho.mx, portal en el que aparentemente se difunden denuncias ciudadanas. La PGJE informó que elementos de la policía estatal Fuerza Civil detuvieron a los jóvenes siguiendo protocolos establecidos años atrás, cuando proliferaron en la entidad narcomantas con mensajes intimidatorios para la sociedad, funcionarios y grupos criminales. Por la noche, luego de permanecer en instalaciones de la AEI y los menores de edad en el Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores, todos fueron liberados. La detención generó protestas de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), que demandó al gobierno de Nuevo León revisar su legislación penal para evitar que la ley sea usada para reprimir manifestaciones de la sociedad civil. También pidió que las policías de los tres niveles de gobierno revisen sus protocolos de actuación para que se ajusten a los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. La CEDH, por su parte, anunció que investigaría la acción, y en un comunicado reconoció que todas las autoridades policiales del Estado mexicano tienen la obligación estricta de garantizar la seguridad de las personas y mantener el orden público. Sin embargo, apuntó, “este poder no es ilimitado, ya que la actuación de la autoridad en todo momento debe regirse con pleno respeto a los derechos humanos”. Al día siguiente del arresto trascendió que entre los manifestantes detenidos había tres trabajadores del ayuntamiento de esta capital. Eduardo Bailey, dirigente estatal del PRI, confirmó la noticia y acusó directamente al municipio regiomontano de haber patrocinado la manifestación para atacar al gobierno de Medina. “Creo que algunos de los actores que participaron ya han declarado que fueron pagados e inducidos por dependencias del gobierno municipal de Monterrey, que encabeza la alcaldesa Margarita Arellanes. Tendrán que investigar las autoridades al respecto”, dijo. En defensa de los policías, el líder priista manifestó que ya había protocolos para actuar contra personas que colocaban mantas, que en un pasado reciente eran desplegadas por elementos de la delincuencia organizada, y aseguró que quienes enviaron a los manifestantes “fueron irresponsables, pues podían hacer que los confundieran con integrantes de los grupos criminales”. En respuesta, Jesús Hurtado, secretario del Ayuntamiento, negó que el municipio regio estuviera detrás de las mantas. “Es falsa esa información”, dijo escuetamente. El miércoles 15, Medina de la Cruz presentó su quinto informe de gobierno en el Congreso local. En las butacas del recinto legislativo estaba presente Agapito Castro, un trabajador del sistema Tren Ligero Metro, que en días pasados efectuó una huelga de hambre en una de las estaciones para demandar su reinstalación como operador. Cuando Rodrigo Medina terminó su discurso, Agapito se puso de pie y pretendió desplegar una manta, pero de inmediato escoltas del gobierno del estado le arrebataron la lona y la tiraron debajo de las butacas. Los reporteros entrevistaron al manifestante, quien señaló que el mensaje que le impidieron mostrar decía: “La corrupción en Metrorrey pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Respeto a los derechos laborales”. Mientras concluía la ceremonia, el trabajador del Metro estuvo vigilado por dos guardias que se sentaron a su lado. Ese mismo día, por la mañana, la reportera Yadith Valdez, de Multimedios Televisión, reportó en vivo al noticiario Telediario Matutino que elementos de Fuerza civil la habían empujado y jaloneado, junto con su camarógrafo Santos Ramírez, cuando ambos cubrían –sobre el kilómetro 12 de la carretera Apodaca-Juárez– la noticia de la colisión de un coche con un tráiler, que tuvo un saldo de un muerto. Los uniformados la bloquearon para impedir que reportara la noticia del accidente, se quejó. Desde 2009, año en que inició la administración de Medina de la Cruz, hasta septiembre pasado, la CEDH ha emitido 487 recomendaciones a las autoridades estatales. Según la dependencia, en ese lapso han sido acatadas 439 y las restantes (48) están en vías de ser cumplidas. En 2014, hasta el 30 de septiembre fueron emitidas 51 recomendaciones.