COLIMA, Col. (apro).- Pese a amenazas e intentos de soborno por parte de personajes vinculados al PRI, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) ganó, por un margen de apenas 14 votos, la presidencia del comisariado de bienes comunales de este pueblo nahua del municipio de Comala. La asamblea comunal se realizó bajo un fuerte operativo en el que participaron elementos de la Policía Estatal y de la Policía de Procuración de Justicia, quienes sitiaron la calle donde se ubica el salón de usos múltiples de ese poblado, bloqueando el paso a los lugareños y obstaculizando la labor de los reporteros. El CIDTZ, que durante el último año encabezó un movimiento opositor contra la explotación de una mina de oro en terrenos de Zacualpan, logró en febrero pasado la destitución de la mesa directiva encabezada por Carlos Guzmán Teodoro, quien fue responsabilizado de tratar de imponer el proyecto minero a pesar de la resistencia de la mayoría de la población. Después de varios meses de litigio por la duración del periodo de la directiva apoyada por el Consejo Indígena, integrada por Guadalupe Carpio, Epitacia Zamora y Olivia Teodoro, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de Xalapa, Veracruz, resolvió el amparo directo 438/2014, en el sentido de que debía realizarse una nueva elección para el periodo de los próximos tres años. Luego de la convocatoria realizada por la delegación de la Procuraduría Agraria en la entidad, y con la presencia de representantes de otras dependencias federales del sector rural y de un notario público, se llevó a cabo la asamblea comunal en la que la planilla impulsada por el CIDTZ obtuvo 123 votos contra 109 de la identificada con el PRI. Con base en este resultado, la nueva directiva del comisariado de bienes comunales quedó integrada con Taurino Rincón Lorenzo, como presidente; Lucio Santos Olivares, secretario, y el tesorero Gregorio Fuentes Guzmán. Al salir de la asamblea, Taurino Rincón informó que el viernes anterior, a través de representantes del gobernador, fue citado a las oficinas del PRI para pedirle que se retirara de la planilla. Según dijo, ahí se entrevistó con una persona de la que recibió amenazas en el sentido de que si continuaba dentro del movimiento sus dos hijas podrían perder su trabajo como maestras, además de que le fue ofrecida una casa a cambio de que desistiera de participar como candidato en la asamblea. “Esto me pareció muy vergonzoso, porque eso no se vale; lo que queremos nosotros es trabajar duro, pero que nos den la libertad de podernos expresar con la gente; no se vale que el gobierno tenga ese uso del poder; lo respetamos pero no está bien que traten de que te salgas de lo que la gente ha propuesto sobre ti”. Jesús Santos Quirino, uno de los representantes del CIDTZ, denunció que el sábado anterior fue agredido por tres policías estatales, quienes trataron de detenerlo con el pretexto de que estaba mal estacionado y, al resistirse, trataron de estrangularlo. Taurino Rincón mencionó que la nueva directiva de bienes comunales asumirá el control y administración del balneario Ojo de Agua, que desde hace varios meses fue tomado ilegalmente por el grupo identificado con el PRI, a pesar de una disposición del Tribunal Unitario Agrario para que fuera administrado por la directiva reconocida formalmente. Después de conocer el resultado de la asamblea, organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la lucha contra los daños de la actividad minera, entre ellas la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), manifestaron su respaldo a los nuevos integrantes del comisariado de bienes comunales. Otros Mundos/Amigos de la Tierra estimó que este resultado constituye “un paso definitivo al conflicto que ha generado el empresario minero Rigoberto Rodríguez; la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, y el gobernador Mario Anguiano Moreno, entre otros actores políticos y partidistas, quienes han procurado con violencia imponer el proyecto minero”. También demandó el cumplimiento de la ley y la procuración y protección de los derechos humanos de quienes “legítima y legalmente” han ganado esa elección. “Exigimos al gobierno del estado, al gobierno municipal y a la Procuraduría Agraria que eviten toda provocación y violencia que pueda venir del grupo minoritario que se ha empecinado por ejercer la violencia y las amenazas. De igual manera les exigimos el respeto irrestricto a la decisión de la comunidad de Zacualpan”, concluyó la ONG.