OAXACA, Oax. (apro).- Trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca se declararon en “desobediencia civil” hasta que la Secretaría de Salud destituya al director general de ese nosocomio, Carlos Agustín Arnaud Carreño, por presuntamente incurrir en actos de discriminación, al eximir de pagos por atención médica a políticos, líderes sociales y diputados y negarles el servicio a campesinos o indígenas. El secretario de la Sección 96 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS), Fausto Martínez Morales, anunció que este viernes realizarán un paro de labores de 24 horas en las áreas de consulta externa, laboratorio, administrativas y servicios ambulatorios, y lo único que permanecerá abierto serán urgencias y hospitalización. Y si las autoridades persisten en proteger a Arnaud Carreño, los 740 trabajadores se declararan en paro indefinido el próximo 5 de enero, claro, sin descuidar las áreas prioritarias que pudieran poner en riesgo la vida de los pacientes, aunque sí afectarían unas 3 mil consultas y 2 mil estudios de laboratorio. La inconformidad de los trabajadores es el trato discriminatorio que se da a la población rural e indígena, y de privilegios a la clase política, además, debido a que los “recomendados” han interpuesto denuncias contra de 24 médicos, enfermeras y trabajadores sociales por no recibir trato de “hospital privado”. Martínez Morales mencionó que pese a que el hospital tiene entre 98 y 100% de ocupación, han documentado por lo menos siete casos donde el director Arnaud Carreño privilegia a políticos como Jaime Larrazábal Bretón; el dirigente del Partido Unidad Popular, Uriel Díaz Caballero, y al diputado federal del PRI, Samuel Gurrión, quienes recibieron atención médica y ninguno pagó porque se lo endosaron al Seguro Popular. En el caso del priista Jaime Larrazábal –hermano del panista Fernando y de Jonás (el “señor de los quesos”, vinculado al escándalo de extorsión a casinos en Monterrey)–, fue hospitalizado con traumatismo craneoencefálico en terapia intensiva. El problema fue que el director ordenó desocupar un cuarto de hospitalización para que se hospedaran los familiares del paciente cuando no es hotel ni hospital privado, y sobre todo cuando gente humilde debe dormir en el piso y a la intemperie, o simplemente se les niega atención con el argumento de que no están en su catálogo. Lo que es peor, los 170 mil pesos que costó la atención médica del priista se le cargó al Seguro Popular. Otro caso fue el del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Uriel Díaz Caballero, quien tuvo a sus “pistoleros o guardias” armados mientras estuvo hospitalizado y todavía adeuda alrededor de 70 mil pesos. Uno más es el diputado priista Samuel Gurrión, que se realiza estudios y los cubre el Seguro Popular, cuando ellos tienen capacidad económica para cubrir esos gastos. Hace tres meses, mencionó, un “paciente recomendado” metió una demanda porque hubo algunos problemas en atención, y el médico Bernal Álvarez Méndez estuvo privado de su libertad durante dos días. A ello se suma una demanda contra 23 médicos, enfermeras y trabajadores sociales que tienen que defenderse legalmente. Entonces, “para los trabajadores el director está desconocido desde hace tres meses y, si dimos una tregua, es porque esperamos que la Secretará de Salud cumpla; por lo pronto, al interior estamos en un proceso de desobediencia civil y el único punto que tenemos es la destitución o renuncia de Carlos Agustín Arnaud Carreño”, puntualizó el líder sindical.