GUADALAJARA, Jal., (apro).- Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGEJ) irrumpieron la tarde de este viernes en las oficinas del Segundo Juzgado Penal ubicadas en el complejo carcelario de Puente Grande y se llevaron detenido con lujo de violencia al encargado del despacho, Julio Gabriel Yáñez Gudiño. Lo anterior fue dado a conocer por el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, José Luis Guizar Abarca, quien condenó la actuación de los uniformados porque, en su opinión, contraviene todos los derechos constitucionales y violenta las garantías individuales del juzgador. “Entraron al privado del juez, cerraron el juzgado y de ahí lo sacaron por la fuerza. En mis 33 años de profesionista y litigante jamás había visto un acto de violencia contra un juez de esta naturaleza”, dijo. “Lo peor es –prosiguió-- que dejaron sin funcionar el juzgado, sin importarles el servicio a la sociedad. Al juez lo sacaron esposado y lo levantaron de su silla con lujo de fuerza y sin respetar su envestidura. A un juez no lo pueden detener si antes no se realiza un procedimiento de desafuero, que se tiene que llevar a cabo por parte del Poder Judicial”. El artículo 154 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, explicó, establece claramente que si algún juez ha cometido algún ilícito o falta se debe pedir permiso al pleno de Supremo Tribunal de Justicia para que el pleno pueda desaforarlo y se siga el procedimiento penal en contra de la persona señalada. Guizar Abarca destacó que el Colegio que encabeza prepara un pronunciamiento para dejar de manifiesto las acciones violatorias a derecho aplicadas en el caso de ese juez. De manera extraoficial se señala al titular del citado penal por haber dejado en libertad a Sergio Alejandro López Rivas, un notario acusado de algunos ilícitos, entre los que se destaca la denuncia por fraude de un ciudadano canadiense, quien se queja por la afectación a su patrimonio. El fedatario también está relacionado con la firma López Castro, un despacho de abogados que demandó al Congreso de Jalisco por 58 millones de pesos por servicios ofrecidos y en medio de un contrato visto como fraudulento por parte de las autoridades estatales. El notario Sergio Alejandro López Rivas tenía orden de aprehensión en su contra.