Procuraduría, la que más viola derechos humanos en Michoacán: CEDH

martes, 30 de diciembre de 2014 · 19:37
MORELIA, Mich. (apro).- La Procuraduría General de Justicia de esta entidad (PGJE) ocupó el primer lugar en violaciones a derechos humanos, con 684 quejas, reportó el ombudsman estatal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) también destacó que en el año que termina atendió más de 3 mil quejas por presuntas violaciones a garantías fundamentales por parte de servidores públicos hacia ciudadanos residentes en la entidad. El organismo estatal brindó además mil 598 orientaciones jurídicas y realizó 403 canalizaciones por asuntos que, aunque no fueron de su competencia, proporcionó la asesoría respectiva y canalizó a los afectados a las instancias correspondientes. De acuerdo con los registros del organismo, las dependencias con mayor número de quejas fueron las relacionadas con la procuración de justicia, seguridad pública y el sector educativo. No obstante, estas mismas dependencias también fueron las que atendieron hasta en 90% las recomendaciones emitidas por el organismo defensor de los derechos humanos en Michoacán. Así, la PGJ cerró el año con 684 quejas, seguida de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con 534, de las que 107 fueron dirigidas a la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social. Mientras la Secretaría de Educación tuvo 384 quejas y la de Salud, 81. En el caso de autoridades federales, la Secretaría de Seguridad Pública registró 252 quejas; el Instituto Mexicano del Seguro Social, 106; Sedena 33, y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) acumuló 24. Cabe precisar que estas quejas se remiten a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En lo que se refiere a los conceptos de queja, los más recurrentes fueron detención ilegal, negativa, suspensión o prestación ineficiente de un servicio público. También destacaron los abusos de autoridad, lesiones, cateos y visitas domiciliarias ilegales, irregular integración de la averiguación previa, ineficiente prestación del servicio educativo y negativa al derecho a la educación.  

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