CANCÚN, Q. Roo (apro).- En lo “oscurito” y por adjudicación directa, las autoridades municipales de Playa del Carmen, Isla Mujeres y este municipio –todos gobernados por la mancuerna PRI-PVEM– acordaron concesionar el servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakán hasta el año 2053. En el caso de estos dos últimos ayuntamientos, todavía faltaban nueve años para el vencimiento de la primera concesión. Las sesiones de los tres cabildos se desarrollaron el pasado lunes por la noche en la más absoluta opacidad. El regidor perredista de Solidaridad, Orlando Muñoz, indicó que no hubo otro postor y fue una asignación directa en favor de DHC-Aguakán. Muñoz acusó que “ni siquiera hubo precabildeo” y el alcalde Mauricio Góngora, del PRI, los convocó prácticamente para sellar con su firma el acta de cabildo. También en Cancún e Isla Mujeres hubo sesiones extraordinarias de cabildo, pero éstas para que DHC-Aguakán continúe con el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento hasta el año de 2053. En Isla Mujeres, en sesión matutina, la votación fue por unanimidad con el respaldo de PRI, PVEM, Panal y PAN. En Cancún la sesión se celebró por la noche, pero apenas a las tres de la tarde les fue entregado a los regidores el proyecto de acuerdo. Pese a ello, éste fue aprobado por mayoría, pues además de los concejales de PRI, PVEM y Panal, levantaron la mano a favor de ampliar esta concesión los representantes del PAN, René Cícero; de Movimiento Ciudadano (MC), Antonio Cervera, y Latifa Muza, afiliada a Morena. En contra sufragaron los regidores de PT y PRD. Un grupo de unos 15 militantes del PRD, encabezados por su presidente estatal, Emiliano Ramos, acudió al palacio municipal de Cancún para protestar por la ampliación de la concesión. Por cierto, Aguakán es la empresa con el mayor número de quejas en la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La regidora perredista Nidia Santillán lamentó el “albazo” del alcalde priista Paul Carrillo, y la falta de información a los concejales. Adelantó que, junto con el regidor del PT, Alejandro Luna, impugnará legalmente el acuerdo de cabildo, debido a irregularidades en el proceso de votación. También indicó que la sesión no fue convocada con la debida anticipación, además de que fue “privada” y sin que mediara un sustento; incluso, a los regidores no se les entregó copia de la solicitud de la concesionaria. Por su parte, la presidenta del comité municipal del PAN, Jésica Chávez, calificó este acuerdo como un “acto de monumental corrupción. “Y no se le puede llamar de otra forma a una sesión privada convocada en sigilo y celebrada con hermetismo, en donde se bloqueó la señal de telefonía celular, se pusieron cerrojos y se apagaron micrófonos. Pero el tema de fondo es que los ediles no analizaron el cumplimiento de condicionantes del título”, denunció. En rueda de prensa, dirigentes estatales de Morena desconocieron a la regidora Latifa Muza y anticiparon que también presentarán acciones legales para revertir la concesión en favor de Aguakán. Además, manifestaron que no hay razones para “premiar” a esta empresa; por el contrario, se le debería de castigar por su mal servicio y sus elevadas tarifas. En los próximos días, el Congreso estatal deberá ratificar los acuerdos de los cabildos de Solidaridad, Benito Juárez e Isla Mujeres en favor de DHC-Aguakán. El servicio en el resto de la entidad es prestado por el gobierno del estado a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). De acuerdo con la propia página web de DHC-Aguakán, esta empresa esta formada Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), que aporta 50.1% del capital, y Bal-Ondeo, sociedad compuesta por Industrias Peñoles y Suez Environnement, con otro 49.9%.