COLIMA, Col. (apro).- El ejido Luis Echeverría Álvarez, del municipio de Armería, demandó la intervención de las autoridades para resolver un conflicto agrario provocado desde hace 12 años por “un error” de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que podría costar al núcleo ejidal la pérdida de un predio de casi 30 hectáreas. En rueda de prensa, la apoderada legal del ejido, Irma Leticia Rivera Acevedo, advirtió que ante el riesgo inminente de que un tribunal ordene la entrega del predio a un pequeño propietario, los campesinos pidieron que el asunto sea atraído por el programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), con el fin de alcanzar una solución negociada en la que el gobierno federal indemnice al reclamante y permita a los ejidatarios mantener la posesión de la tierra. Sin embargo, a más de dos años de que se inició este procedimiento aún no hay resultados, en tanto que se encuentra en su última etapa el proceso de revisión de un juicio de amparo que podría significar para el ejido la pérdida definitiva del predio en disputa, denominado “El Volantín”. De acuerdo con Rivera Acevedo, ese terreno forma parte de la superficie que le fue entregada al ejido hace 31 años, en acatamiento de una resolución presidencial de 1978, pero en 2002 la entonces SRA “realizó indebidamente una anotación en el plano definitivo”, en el sentido de que esa superficie no formaba parte de la dotación de tierras. Esto provocó que el pequeño propietario José Cortés Vargas promoviera en 2006 un juicio agrario en contra de la SRA en demanda de la restitución del predio, y años después, con sustento en esa anotación, logró una sentencia a su favor. En 2010, cuatro años después de iniciado el conflicto legal, el tribunal agrario falló en definitiva a favor de Cortés Vargas y hubo un primer intento de entregarle las tierras a través de la ejecución de la sentencia, pero ésta fue impedida mediante una movilización campesina y la presentación de dos juicios de amparo, que fueron sobreseídos en 2012. La apoderada legal del ejido, quien en esa época era presidenta del comisariado ejidal, señaló que para entonces la mesa directiva encabezada por ella ya había empezado las gestiones para incorporar el asunto al programa Cosomer, por lo que obtuvo del Tribunal Unitario Agrario un plazo de tres meses para continuar los trámites, antes de ordenar la ejecución de la sentencia. No obstante, en la primera semana de septiembre de 2012, sin haber logrado todavía inscribir el conflicto en el programa, el ejido fue notificado de que había sido ordenada la ejecución de la sentencia., aunque no se informó el día ni la hora. Nuevamente, frente al riesgo de perder la tierra, los ejidatarios se organizaron para impedir una vez más la ejecución de la sentencia, en una protesta que incluyó un bloqueo temporal de la autopista Manzanillo-Guadalajara. “Fue una situación muy tensa, porque llegaron varias camionetas, algunas con Policía Federal, hicimos un cerco humano, codo con codo, entre mujeres, niños y varones, cerrando completamente el área donde nosotros creíamos que podían tener acceso para ejecutar, y además, por decisión de los que traían vehículos, cerraron la carretera completamente, por lo que el personal del Tribunal Unitario Agrario decidió suspender la ejecución de la sentencia, mientras dos compañeros nuestros interpusieron dos nuevos amparos, sustentados en la figura de representación sustituta”. Las demandas fueron admitidas y, luego de 17 meses de juicio, el juez primero de distrito resolvió en contra el 24 de febrero anterior, por lo que el ejido presentó un recurso de revisión contra la sentencia, que se encuentra radicado en el Tribunal Colegiado de Colima. Irma Rivera informó que mientras se desarrolla la batalla jurídica, el ejido continúa trabajando por la incorporación del asunto al programa Cosomer, perteneciente a la Sedatu, dependencia que está obligada a resolver por esa vía, porque es algo que provocó la propia SRA y puede generar un conflicto social y jurídico. “Consideramos muy importante –advirtió– que el programa Cosomer atraiga este asunto y lo resuelva por la vía del diálogo, pues de no hacerlo, estallará un peligroso conflicto social en la zona, ya que los campesinos no están dispuestos, aunque lo ordene un tribunal, a entregar a un particular la tierra que les fue dotada por orden presidencial hace más de tres décadas”. Además, acotó, muchas de las parcelas en litigio ya se encuentran en manos de otros particulares que, a partir de la reforma al 27 constitucional, las compraron a los campesinos antes de que surgiera el reclamo jurídico. Por lo tanto, la entrega de las tierras al reclamante, “provocaría fuertes conflictos entre los compradores y los ejidatarios, a pesar de que estos últimos no actuaron con dolo al vender, pues desconocían el error cometido por la SRA y la problemática que esto traería como consecuencia”. También expresó su preocupación debido a que conforme pasa el tiempo se va agotando el plazo del último recurso jurisdiccional con el que cuentan para evitar la ejecución de la sentencia y hasta ahora no ha concluido el proceso de incorporación de este conflicto al Cosomer, por lo que hizo un llamado a las autoridades agrarias a agilizar los trámites para lograr la resolución de este asunto por la vía de la conciliación, con el fin de evitar “un conflicto agrario de mayores proporciones y cuyas posibles consecuencias no nos atrevemos a vaticinar”.