OAXACA, Oax., (apro).- A cuatro años de que fueron masacrados en una emboscada los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, las autoridades se niegan a ejecutar las órdenes de aprehensión contra 13 personas identificadas como presuntos autores de los homicidios, denunciaron familiares de las víctimas. Es por ello que Omar Esparza, esposo de Bety Cariño y Eeva-Leena y Raimo Jaakkola, padres del finlandés Jyri, iniciaron una jornada de protesta nacional e internacional para exigir justicia en el caso de los activistas asesinados. La presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Karla Michel Salas, resaltó que “sabemos sus nombres y que algunos de ellos incluso son servidores públicos, pero se niegan a cumplimentar las órdenes de aprehensión” con el argumento de que no pueden entrar a la zona de San Juan Copala. Las acciones de protesta iniciaron ayer en Estocolmo, Suecia, donde la madre de Jyri Jaakkola participó, junto con autoridades de Finlandia, en una reunión con representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto y en la que se hizo un fuerte reclamo al Estado mexicano para exigir una respuesta sobre el porqué los responsables de estos crímenes aún no están presos. El martes 29, Omar Esparza y dos integrantes Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) se declararán en huelga de hambre frente a las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para denunciar el incumplimiento del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Además, realizarán una protesta en las oficinas de la representación de Oaxaca en la Ciudad de México y frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). Y en varias ciudades de Finlandia, Alemania, España y Suiza se recordará el asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola. El 27 de abril de 2010, Bety Cariño y Jyri Jaakkola perdieron la vida en una emboscada tendida en La Sabana Copala, cuando una caravana humanitaria se dirigía a San Juan Copala, comunidad triqui que se encontraba “sitiada” desde hacía cinco meses y estaba sujeta a permanentes agresiones por parte del grupo priista paramilitar Ubisort, financiado por el entonces gobernador Ulises Ruiz, también del PRI.