GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Procuraduría de Derechos Humanos (PDHEG) de la entidad inició el expediente de queja 109/2014-A en contra de personal de la estatal Secretaría de Educación (SEG), quienes recibieron una denuncia de abuso sexual de una alumna de secundaria en la capital del estado, y más tarde pretendieron obligarla a desdecirse. Por su lado la SEG informó que el maestro señalado como presuntamente responsable del abuso fue retirado de las actividades docentes y se inició una investigación disciplinaria laboral sobre lo ocurrido en la escuela. Además, ofreció “ayuda y tratamiento especial a la alumna afectada, misma que no mantendrá ningún contacto con el maestro señalado como presunto responsable”, indicó la dependencia en un escueto comunicado en el que se aseguró que se aplicarán las sanciones que deriven del procedimiento disciplinario. La menor de 13 años, estudiante de la secundaria Centro Educacional Piloto, notificó el lunes pasado a las autoridades de la escuela –el director Néstor Saucedo, el subdirector Sergio Rosas y la asesora Emma Gómez– que había sido abusada sexualmente por el maestro de Educación Física. Inicialmente, el subdirector y la asesora educativa se reunieron con la menor sin avisar a los padres de la afectada, y posteriormente en presencia de éstos, pero también del maestro señalado y del director, exigieron a la alumna “que no fuera mentirosa y dijera la verdad” y que “lo que le había pasado no era una violación”. Los padres de la estudiante interpusieron una denuncia penal por violación en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la PGJE. José Adán, padre de la estudiante de 13 años, acudió este lunes a la oficina del ombudsman a ratificar y detallar su queja contra las autoridades de la secundaria Piloto y de la SEG. La PEDH inició ya la investigación respectiva y solicitó un informe de los hechos al delegado de la región IV de la SEG, Leonardo Flores Miranda. “Yo sólo pido justicia por lo que hizo el maestro, y por la forma en que trataron todos a mi hija”, expresó José Adán. De acuerdo con la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios –aprobada en junio pasado–, los directivos de la secundaria tenían la obligación de acudir al Ministerio Público y presentar una denuncia ante los hechos reportados por la alumna, al considerar que podían ser constitutivos de un delito. Además, se debió brindar a la estudiante protección inmediata y efectiva por parte de los directivos, al encontrarse en riesgo su integridad física y emocional. Incluso, según señala el marco legal, al conocer del presunto abuso sexual del profesor hacia la alumna, el director debió notificar no sólo a sus superiores, sino al sistema DIF estatal, a la PGJE, al ombudsman y a la Secretaría de Salud, en virtud de que estaba implícita la violencia física hacia la adolescente. Las autoridades educativas tampoco atendieron a las campañas publicitarias puestas en marcha por el gobernador Miguel Márquez, que plantean un “Únete Guanajuato por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, lema que está inscrito, por cierto, en todas las páginas oficiales, incluyendo la de la SEG.