MÉXICO, D.F. (apro).- La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar) y un grupo de mujeres guerrerenses interpusieron un amparo colectivo contra el Código Penal estatal por discriminar a las mujeres, luego de que el Congreso de Guerrero voto en contra de la iniciativa para despenalizar el aborto impulsada por el gobernador Ángel Aguirre. Las activistas consideran que al no contemplar la causal salud ni la de peligro de vida para interrumpir un embarazo se vulneran sus derechos a la igualdad, la vida y la salud. Según datos de IPAS, organización internacional no gubernamental dedicada a eliminar las muertes y discapacidades evitables, Guerrero es actualmente la entidad con el primer lugar nacional de letalidad de mujeres por aborto y se encuentra muy por encima del promedio nacional, a diferencia del Distrito Federal donde la despenalización del aborto ha llevado a una tasa cero de muertes por aborto, destaca la organización civil. Andar afirma en un comunicado que “existen vacíos” en la legislación actual de Guerrero que vulneran los derechos a la vida y la salud de las mujeres al restringirles el acceso a servicios seguros de interrupción del embarazo. A pesar de ello, critica, el pasado 10 de junio las Comisiones Unidas de Justicia, de Equidad de Género y de Salud del Congreso de Guerrero dictaminaron en sentido negativo la iniciativa enviada por el gobernador Ángel Aguirre, que despenalizaba el aborto hasta la semana 12 de gestación. La iniciativa se desechó con nueve votos a favor, incluido un voto del PRD, cuatro en contra y una abstención, estos cinco todos de diputados perredistas. Por ello, las activistas decidieron promover un amparo que busca que el Congreso estatal “enmiende los vacíos legislativos, adoptando las medidas necesarias para incluir la afectación a la salud y el peligro de vida de las mujeres como causales legales para acceder a la interrupción legal del embarazo y garantizar así el acceso a estos servicios en las instituciones públicas de salud”. Andar sostiene que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, todos los estados del país tienen la “obligación constitucional” de armonizar la legislación en materia de aborto con “los más altos estándares” y como una medida para cumplir con la obligación de protección de los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. “Esperamos que los juzgados de distrito resuelvan a favor de las mujeres bajo el principio de imparcialidad y con base en el respeto a los derechos humanos”, confió Regina Tamés, directora general de GIRE AC. Actualmente, las condiciones en que las mujeres guerrerenses se realizan un aborto son, afirma Andar, “particularmente inseguras”.