VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El ganadero y productor agrícola tabasqueño, Uriel Ruiz Loroño, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría estatal a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Sedafop), por los presuntos delitos de fraude y falsificación de documentos. Entre los implicados se encuentra el titular de la dependencia, Pedro Jiménez León, y el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Ulises Lanestosa Zurita, entre otros funcionarios de menor rango. Jiménez León fue dirigente estatal del PRI durante la campaña electoral de Roberto Madrazo para la gubernatura de Tabasco, en 1994, y en enero de 1995, como diputado local, encabezó la garrotiza contra los perredistas que protestaban frente al Palacio de Gobierno por el presunto fraude cometido a su candidato, Andrés Manuel López Obrador. Lanestosa Zurita es cuñado de Oscar y Miguel Cantón Zetina, el primero representante del gobierno del estado en el Distrito Federal, y, el segundo, propietario del diario local Tabasco Hoy y de estaciones de radio en la entidad, así como de otras publicaciones en Campeche, Quintana Roo y el DF. El ganadero afectado denunció que estos funcionarios autorizaron a su favor un crédito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por 240 mil pesos a fondo perdido con firmas y documentos falsos, sin que él solicitara o tramitara el apoyo y mucho menos recibido el dinero. “Supuestamente salgo beneficiado con un crédito federal de Sagarpa que nunca solicité. Me falsificaron mi firma para un fraude”, acusó. Según un dictamen de 2013 del Fondo Agropecuario del estado, Ruiz Loroño resultó favorecido con el crédito de 240 mil pesos para instalar un invernadero de hortalizas valuado en 500 mil pesos. El pasado 29 de octubre se le notificó sobre la entrega de la ayuda en un documento firmado por el titular de la Sedafop, Pedro Jiménez León, lo cual le sorprendió porque nunca tramitó el crédito y tampoco recibió el dinero. La sorpresa fue mayor cuando personal de la Contraloría lo requirió. “Llegó una gente de la Contraloría a requerirme por lo del crédito y le digo que no tengo nada que ver porque yo no he solicitado ningún crédito”, manifestó, y añadió que no sólo se falsificaron firmas y documentos, sino que se recurrió a otras “argucias” para que estos recursos fueran a parar a manos de un tercero. Para ello, y pese a que las reglas de operación no lo permiten, se hizo una cesión de derechos a nombre de Jesús Antonio Acosta Avendaño, a quien Ruiz Loroño no conoce y al que supuestamente le cedió los derechos en un documento con su firma, también apócrifa. “(Acosta Avendaño) presenta una factura donde cobra medio millón de pesos a mi nombre, con un RFC que no es el mío. Son documentos internos de la Sedafop. No sé cómo le hicieron, pero así se están robando el dinero”, sostuvo. El ganadero dijo que a partir de que la Contraloría le notificó del supuesto crédito, denunció los hechos ante el gobernador Arturo Núñez y el secretario de la Sedafop, Pedro Jiménez León, quienes le respondieron que no se preocupara porque no le cobrarían el crédito, ya que el programa es a fondo perdido, y le ofrecieron investigar. Ante ello, Ruiz Loroño solicitó copia de la documentación soporte del supuesto crédito y acudió a la Contraloría del estado, que ya inició un procedimiento de responsabilidad administrativa contra los funcionarios implicados. Posteriormente el ganadero presentó una denuncia penal ante la PGR por ser recursos federales. Sin embargo, se quejó de que las investigaciones no avanzan y, por el contrario, del gobierno estatal lo han buscado para ofrecerle dinero para que se calle. “No hablaron directamente conmigo, llegaron con mi esposa y le ofrecieron 100 mil pesos para que nos quedáramos quietos, y le dije a mi esposa: esto no es de dinero, es un fraude que cometieron”, relató al noticiero local de TV-Azteca. “Como campesino nos cuesta un triunfo conseguir un crédito por la vía legal, y el poco dinero que llega de la Federación se queda en las oficinas. ¿Cuándo va a salir el campo del abandono en que está? Nunca. Dicen que son millones y millones que llegan y todo se queda en estos delincuentes de cuello blanco”, acusó. Ganadero, productor de frutas y árboles forestales en el municipio de Cunduacán, Uriel Ruiz sostuvo que no es el único defraudado por funcionarios de la Sedafop. Aseguró que tiene conocimiento de decenas de personas con créditos que están iguales y que supuestamente se les otorgó, “nada más que no hablan porque les da miedo”. Y añadió que su temor es que este caso de corrupción, como otros, quede impune y no haya castigo para los responsables. En mayo pasado se denunció que el director de Capacitación y Asistencia Técnica de la Sedafop, Gustavo García Lastra, había sido beneficiado y cobrado casi 6 millones de pesos en el programa de la Sagarpa denominado Componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural (CDCER). En 2013 la Sedafop distribuyó más de 20 millones de pesos de recursos federales en la entidad y García Lastra recibió más de 25% del total de estos fondos destinados al rescate del campo tabasqueño. En la lista de beneficiarios del CDCER al mes de septiembre de 2013, García Lastra aparece tres veces con cobros por 5 millones 853 mil 600 pesos en total. El titular de la Sedafop, Pedro Jiménez León, y el delegado de la Sagarpa, Carlos Hernández Reyes, salieron al paso e informaron que el dinero aplicado en el CDCER cumple con la normatividad que la dependencia aplica a nivel nacional y no en exclusividad para Tabasco. Explicaron que la normatividad del gobierno federal establece que la inversión del CDCER se deposite a una cuenta del Fondo Estatal de Fomento Agropecuario (Fofae), y de ahí se etiquetan “de manera virtual” al director de la Sedafop, Gustavo García Lastra. “La normatividad nos exige que una vez depositados los recursos en la cuenta del Fofae, se etiqueten a nombre de una persona física o un representante legal de personas morales. Es por eso que se mandan al director, porque es el área ejecutora del programa y de ahí se dispersan a los prestadores de servicio”, aseguró Jiménez León. El dinero del CDCER llega directamente a una cuenta del Fofae, y de ahí pasa a los prestadores de servicio, “no llega a las manos de ningún servidor público”, completó el delegado de la Sagarpa.