COLIMA, Col. (apro).- La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN) ordenó investigar presuntas omisiones del gobierno mexicano en la aplicación de las leyes ambientales en la Laguna de Cuyutlán de Manzanillo, considerada el cuarto humedal más importante del país. En particular, el organismo trinacional con sede en Montreal, Canadá, instruyó al Secretariado a investigar la autorización de una terminal de Gas Natural Licuado (GNL) y una planta de almacenamiento y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la Laguna de Cuyutlán. La terminal de Gas Natural Licuado fue construida durante el sexenio del presidente Felipe Calderón y se anunció como una de las mayores inversiones en materia energética de ese gobierno, en tanto que el proyecto de Gas Licuado de Petróleo pertenece al grupo privado Zeta Gas. Después de más de cinco años de revisión y análisis del caso, el consejo del organismo ordenó que elabore un expediente de hechos respecto de la petición SEM-09-002 “Humedales en Manzanillo”, presentada en febrero de 2009 por la ciudadana Esperanza Salazar Zenil y el grupo ambientalista Bios Iguana. Conforme a las indicaciones del Consejo de la CCAAN, aprobadas por unanimidad mediante su resolución 14-06, fechada este 8 de julio, deberá examinarse la vinculación entre ambos proyectos —GLP y GNL—, el ordenamiento ecológico del territorio, y también el proceso de evaluación de impacto ambiental para el proyecto GNL Manzanillo, en particular lo referente al flujo hidrológico del humedal costero en la laguna de Cuyutlán. La Laguna de Cuyutlán, área de asentamiento de esos proyectos industriales, concentra el 90% de los manglares en Colima y está considerada como Área de Importancia para la Conservación de Aves, al residir aves migratorias que migran desde Estados Unidos y Canadá. Entre los ordenamientos presuntamente incumplidos por el gobierno mexicano, el grupo ambientalista y Esperanza Salazar se refirieron a diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima (LAHEC), de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y de su reglamento. También hay incumplimiento, según los denunciantes, al Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y la NOM-022-SEMARNAT-2003. Además, aseveraron que el gobierno de México emitió la autorización de impacto ambiental de manera condicionada a la realización de un estudio de hidrodinámica de la laguna de Cuyutlán en el que se determinara cómo el Proyecto GNL afectaría el flujo hidrológico hacia la laguna. Sin embargo, alegaron que el gobierno nunca recibió este estudio que consideran indispensable para que México pudiera emitir su autorización y garantizar que la laguna de Cuyutlán no se viera afectada por la realización del proyecto. El Secretariado de la CCA informó que el proyecto de expediente de hechos de este caso será concluido en el lapso de un año, en apego a lo dispuesto por las directrices para este tipo de tareas.