Mexicali, B.C., (apro).- El pasado 22 de mayo el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid lanzó la licitación número 32065001-029-14 para la elaboración de nuevas licencias de conducir a través del sistema biométrico multimodal. “Se requiere que al licitante beneficiado con el fallo se le renueve el contrato hasta el año 2017, con el fin de completar la expedición de un millón de licencias o más. El costo de cada contrato de renovación se determinará de acuerdo al histórico de cada año anterior tomando en cuenta el porcentaje en incremento en la demanda del servicio. Lo anterior con el fin de que la convocante (en este caso el gobierno estatal) se vea beneficiada con la donación de esta plataforma de última tecnología al concluir el ejercicio fiscal 2017”, decía la convocatoria. La fabricación de las licencias se cubrirá con recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, autorizados en su presupuesto de Egresos 2014 y en el oficio 350 emitido el 29 de abril por su titular, Antonio Valladolid, para suministrar “licencias de conducir para el estado de Baja California, a través de la implementación del nuevo sistema biométrico multimodal”. En el concurso participaron cuatro empresas, pero sólo dos de ellas cumplieron con los requisitos técnicos: Grupo Peldabres, con una propuesta de 138 pesos por licencia, y Funciones Ocupacionales Insh, con 123 pesos por unidad. El 19 de junio el Comité de Adquisiciones y Servicios del gobierno bajacaliforniano declaró ganador del concurso a la empresa Funciones Ocupacionales Insha por ofrecer un menor precio para la elaboración de un millón de licencias de alta seguridad con registro de iris y huellas dactilares. Las ganancias directas que obtendrá Funciones Ocupacionales Insha suman 123 millones 150 mil pesos, aunque cada año se hará un ajuste al precio del servicio. Sin embargo, una semana después de que las autoridades estatales dieron a conocer el resultado de la licitación, el diario estadunidense The Wall Street Journal reportó que la empresa ImageWare de San Diego, California, había obtenido un contrato de la compañía mexicana Funciones Ocupacionales Insha para fabricar durante tres años hasta un millón de licencias por un millón de dólares, unos 126 millones de pesos al tipo de cambio de ese entonces. La Ley de Adquisiciones y Servicios del gobierno estatal prohíbe la subcontratación de empresas ajenas a la asignación del servicio. A pesar de esa irregularidad, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Este el segundo contrato que el panista Vega de Lamadrid asigna fuera de la normatividad. En abril pasado adjudicó de manera directa a la empresa Lazos Internacionales un contrato por 16 millones de pesos para la expedición de placas de circulación y engomados para autos nacionales, fronterizos y camiones. Dicha empresa, cuya especialidad es diferente al servicio requerido, obtuvo la licitación pública nacional 32065001-016-14 para elaborar 78 mil 176 juegos de placas metálicas de circulación y calcomanías.