COLIMA, Col. (apro).- El grupo ambientalista Bios Iguana denunció una campaña de criminalización en su contra, en represalia por su activismo en apoyo a la lucha de la comunidad indígena de Zacualpan, que decidió impedir la explotación de una mina de oro en su territorio y actualmente pugna por la libre determinación para elegir sus autoridades internas. Esperanza Salazar Zenil, coordinadora general de la organización social, dijo que, como parte del clima de hostigamiento, fue creada una página anónima de Facebook denominada “Movimiento anti bios-iguanas”, en la que se lanzan acusaciones contra los representantes del grupo. De acuerdo con Salazar esta “cacería de brujas” contra Bios iguana y el Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) “se está orquestando desde el gobierno del estado”, al que responsabilizó de la seguridad de los activistas sociales. Una de las publicaciones de la página contra Bios Iguana menciona al presidente de la organización, Gabriel Martínez Campos, en los siguientes términos: “Comenzamos con el monimiento y ahy que seguir adelantes... La pregunta es..: estan con nosotros o son del monton...? me llegaron rumores de que Bios-Iguanas pretende realizar grupos de autodefenzas como en Michoacan... y como siempre Bios-Iguanas deja los problemas y se retira... y esto es para ti ‘-Gabriel Martinez-‘”. Así también, tras pedir que salga Bios iguana de Zacualpan, porque “solo ocacionan problemas a donde se paran”, el autor desconocido de la página también menciona a Esperanza Salazar como una de las dirigentes y acusa a Dilva Peña Velázquez —integrante del CIDTZ— de haber “llevado” a la organización ambientalista a la comunidad. Salazar Zenil dijo que esta reacción en contra de Bios Iguana y el CIDTZ se asemeja a la generada en febrero pasado, cuando hubo un periodo de amenazas, hostigamiento y agresiones generado desde la delegación de la Procuraduría Agraria. Indicó que el movimiento de la comunidad indígena de Zacualpan perjudicó grandes intereses luego de que en asamblea la mayoría de los comuneros declararon a su territorio como “libre de minería” y destituyeron a la directiva de Bienes Comunales que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro, porque se encontraba aliado con los empresarios que pretendían explotar la mina. A partir de entonces, añadió, la nueva directiva abrió una “caja de pandora” al descubrir que había una gran cantidad de recursos por el manejo del balneario “Ojo de agua”, de los que no se rendían cuentas a la comunidad, además de que los programas de apoyo no llegaban a los sectores que correspondía. Salazar Zenil expuso que el gobierno estatal ha dejado actuar de manera beligerante al grupo de Carlos Guzmán Teodoro, además de que ha sido omiso en su obligación de garantizar la seguridad de la población y de los propios activistas que han participado en el movimiento de Zacualpan, quienes se encuentran en una situación de riesgo.