Fiscal pide 27 meses de prisión para el agresor de la reportera Karla Silva

miércoles, 21 de enero de 2015
SILAO, Gto. (apro).- La fiscal Yolanda Ramírez pidió una pena de 27 meses de prisión para Luis Gerardo Hernández Valdenegro, uno de los involucrados en la agresión contra la periodista Karla Silva, corresponsal de El Heraldo en esta ciudad. En un juicio abreviado que se realizó este miércoles, Hernández Valdenegro se declaró culpable de los delitos de lesiones calificadas, robo calificado y amenazas, pero guardó silencio sobre los funcionarios del gobierno municipal de Silao que presuntamente lo contrataron para que atacara a la reportera, pese a que su declaración había sido acordada con la fiscal para reducirle la pena. Así lo confirmó la hermana del agresor, María Loreto Hernández Valdenegro, quien señaló directamente al presidente municipal silaoense, el priista Enrique Benjamín Solís Arzola, como la persona que ordenó la agresión a la reportera a través de Nicasio Aguirre Guerrero y Jorge Alejandro Fonseca Durán, director de Seguridad Pública y director operativo de la Policía, respectivamente. El primero se encuentra prófugo y el segundo en prisión y sujeto también a proceso penal. En entrevista, la mujer declaró que si bien su hermano incurrió en un delito contra Karla Silva y Adriana Elizabeth Palacios, “él lo hizo porque lo contrataron y le iban a pagar cinco mil pesos, y fueron Nicasio y Jorge Alejandro por órdenes del alcalde. No se vale que Benjamín esté afuera, libre, y mi hermano y los otros refundidos en la cárcel”. Incluso dijo que acudió a la presidencia municipal para reclamarle al alcalde un mes después de que su hermano fue detenido, y sostuvo que Solís Arzola le ofreció dinero, apoyo escolar para su hija y hasta materiales para construcción, “a cambio de que mi hermano no hablara y no dijera quién lo mandó a hacer lo que hizo. El presidente tenía sus motivos para mandarlo hacer”, subrayó. Aseguró que el propio alcalde pagaba a los abogados de los cuatro detenidos, incluido el director operativo de la Policía municipal, pero cuando ella convenció a su hermano Luis Gerardo de acordar un juicio abreviado con la Procuraduría general de Justicia del estado (PGJE) se desentendió. María Loreto se manifestó temerosa de posibles represalias por parte del alcalde Solís Arzola por intervenir en apoyo de su hermano. “Ya intentaron levantar a mi hija hace un mes; la interceptaron en la calle y le anduvieron dando vueltas en un vehículo por varias horas, le preguntaron su nombre y más tarde la soltaron”, precisó. La mujer declaró que como parte del acuerdo con la Fiscalía, su hermano firmó dos pagarés, uno por 61 mil pesos y otro por 50 mil, para que ante el juez quedara como garantizada la reparación del daño en favor de Karla Silva y de Adriana Elizabeth Palacios, respectivamente. “Pero no sé en qué condiciones; entiendo que no es porque mi hermano los vaya a pagar; al final el que va a hacerlo es (el alcalde) Solís”. Ante el juez José Luis Argüello Uribe, la fiscal Yolanda Ramírez y las propias víctimas confirmaron que habían recibido un pagaré con el que se daban por satisfechas con la reparación económica. Ahora es culpable: juez En el juicio abreviado que presidió Argüello Uribe, la fiscal Yolanda Ramírez reclasificó las lesiones contra la reportera. Inicialmente dijo que ponían en peligro su vida por un traumatismo cráneo encefálico, pero esta vez sostuvo que, después de un nuevo peritaje solicitado por la PGJE, las lesiones no eran de la gravedad inicialmente señalada. “Sí estamos reclasificando la gravedad de las lesiones, ya no de lesiones que ponen en peligro la vida, sino de lesiones que dejan cicatriz”, explicó la fiscal ante los cuestionamientos del juez. “Entiendo que la expectativa del inculpado fue el que lo llevó a aceptar este acuerdo”, señaló el juez Argüello al iniciar la audiencia y preguntarle a Luis Gerardo Hernández Valdenegro si estaba consciente y seguro de ir al juicio abreviado y admitir su culpa por las lesiones causadas a Karla, y por el robo de la computadora, la cámara y los teléfonos de la oficina de El Heraldo, además de las amenazas vertidas contra Karla y Adriana Palacios, en complicidad con otros dos sujetos que habrían sido contratados por Nicasio Aguirre Guerrero. Enseguida, la fiscal Ramírez pidió al juez aplicar al inculpado una pena de dos años y tres meses, así como una sanción de 23 días de salario mínimo vigente en el estado. “No tenemos oposición a que se le otorguen los beneficios que usted decida y que la reparación del daño se tenga por cubierta”, planteó al juez. Y en ese mismo momento la defensora de Hernández Valdenegro –asignada por el Estado luego de que éste despidió a los abogados particulares que inicialmente asumieron su representación– pidió el beneficio de la condena fuera de prisión. Cuando se le concedió la palabra al procesado, éste se limitó a aceptar cada una de las acusaciones y peticiones hechas por la fiscal y su defensora de oficio. Después de un receso, el juez Argüello dijo que en las pruebas presentadas encontró suficientes elementos para fallar en contra de Hernández Valdenegro. “El acusado tiene fallo condenatorio; se demostró plenamente su comisión en estos delitos. La presunción de inocencia se ha derribado”, concluyó. Sin embargo, programó una nueva audiencia para el próximo viernes 23, a fin de establecer los términos de la sentencia y la pena que impondrá por este caso. Al término de la audiencia de este miércoles, Karla Silva se mostró satisfecha de que Luis Gerardo aceptara su intervención en los hechos, y aprobó los términos del acuerdo y la estrategia de la PGJE en su caso. “Estamos todavía en medio de una investigación, no sabemos cuál va a ser el resultado, el tiempo que lleve ya que él acepte su intervención habla bien de él”, comentó. Pero insistió en que con este fallo no termina todo el proceso contra los involucrados, por lo que esperará los resultados finales. “Creo que hasta el momento vamos bien”, apuntó. No obstante, señaló que como al Estado sólo le competen los delitos del fuero común, desconoce si la Fiscalía Especializada ha continuado alguna indagatoria relacionada con su caso y los delitos contra la libertad de expresión y en agravio de ella en su calidad de periodista, porque ha solicitado informes y hasta ahora no ha recibido respuesta de la instancia federal.

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