Por mandato judicial, indagan violencia feminicida en NL

viernes, 30 de enero de 2015
México, D.F., (apro-cimac).- El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres investiga desde hoy la violencia feminicida en el estado de Nuevo León. Se trata de una demanda social que data de 2012 y que ahora podría derivar en una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad. Por mandato judicial, el Sistema Nacional –encabezado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)– tuvo que sesionar este viernes para declarar el inicio de una investigación por violencia feminicida en Nuevo León. Ello ocurrió luego de que un Tribunal Colegiado Auxiliar resolvió un amparo presentado por organizaciones civiles y emitió una sentencia que ordena al Sistema Nacional empezar una indagatoria. En enero de 2012, grupos ciudadanos de la entidad presentaron ante el Inmujeres, en su papel de secretaría ejecutiva del Sistema Nacional, una solicitud de investigación por violencia feminicida debido al alto número de asesinatos de mujeres en el estado. La petición se fundó en un hecho incontrovertible: que del 2000 al 2011 se registraron en la entidad un total de 548 asesinatos y un elevado índice de desapariciones de mujeres y niñas. En febrero de 2012 el Sistema Nacional sesionó y negó la procedencia de la investigación. En respuesta, la sociedad civil nuevoleonesa se amparó y, luego de casi tres años de proceso, en noviembre pasado el Tribunal Colegiado Auxiliar resolvió el amparo y emitió una sentencia que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) calificó de “histórica”. La resolución ordena al Sistema Nacional realizar una sesión para iniciar la investigación de asesinatos violentos de mujeres en Nuevo León, y garantizar el derecho de audiencia a las organizaciones peticionarias de la indagatoria. Dentro de la sentencia –de acuerdo con la información difundida por el OCNF–, los magistrados “reconocen que el Sistema Nacional cometió una violación constitucional en materia de derechos humanos al negar la Declaratoria de Alerta de Género en 2012”. La negativa también fue calificada por los magistrados como una forma de discriminación contra las mujeres, a quienes se les restringieron sus derechos. En entrevista, Sandra Fosado, coordinadora del área de Comunicación Social de Católicas por el Derecho a Decidir (organización que integra al OCNF), relató que la sesión de este viernes se realizó con algunas “irregularidades”. Pese a que la sentencia ordena que se permita a las organizaciones peticionarias el derecho de audiencia, las integrantes del Sistema Nacional sólo concedieron a las agrupaciones exponer sus argumentos por algunos momentos, apuntó. En un principio las representantes de los institutos estatales de las Mujeres (que forman parte del Sistema Nacional) querían someter a votación el inicio de la investigación, pero finalmente se acogieron a la sentencia y declararon el inicio de la indagatoria. Ante ello, el OCNF exigió que la investigación sea realizada por personas que cuenten con reconocida experiencia en materia de violencia contra las mujeres, y que este grupo trace el tipo de acciones que debe instrumentar la autoridad para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. De acuerdo con Fosado, la violencia feminicida en Nuevo León se ha incrementado desde 2012, por lo que la investigación no debe demorar más de dos meses en concluir, como ha ocurrido en el Estado de México, entidad en la que desde abril de 2014 siguen pendientes los resultados de una indagación. En el Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: causas y consecuencias 2012 y 2013, publicado por el OCNF, se informa que las organizaciones civiles documentaron de manera hemerográfica 92 asesinatos de mujeres en Nuevo León en 2013. En 43% de los casos se ejerció la brutalidad y en 57% se utilizaron armas de fuego. EL OCNF mencionó la Procuraduría General de Justicia de Nuevo león se negó a brindar información para la elaboración del mencionado estudio.

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