México, D.F. (apro).- Los obispos del estado de Guerrero hicieron un llamado a las nuevas autoridades civiles de la entidad para que sean “sensibles al dolor de las víctimas de las violencias”. En un comunicado difundido este viernes, los obispos destacan: “Guerrero requiere un gobierno sensible al dolor de las víctimas de las violencias, sobre todo las víctimas del crimen organizado, que ha provocado miles de asesinatos, secuestros, desaparición forzada, extorsiones y desplazamientos que son el pan de cada día”. Señalan que el nuevo gobierno de Héctor Astudillo “comienza su gestión en medio de una profunda crisis social, política, económica y en materia de derechos humanos. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública –añaden–, Guerrero sigue siendo la entidad más violenta del país”. Ante esta “dolorosa realidad”, los prelados proponen a las nuevas autoridades que –en colaboración con la Iglesia y las organizaciones sociales– se elabore un “plan de desarrollo integral y sustentable” desde un “enfoque de Salud Pública”, a fin de combatir el “fenómeno de la inseguridad y la violencia”. Y detallan: “La sugerencia específica es que formulemos los mecanismos legales e institucionales que permitan acompañar de forma integral a las víctimas, para brindarles la posibilidad de reintegrarse a la vida comunitaria en las mejores condiciones posibles, buscando que desde un enfoque jurídico en derechos humanos, puedan acceder a la justicia y a la reparación del daño… La atención a las víctimas de la violencia es fundamental para lograr la paz”. Los obispos mencionan que, por lo pronto, en sus respectivas diócesis ya están trabajando con las víctimas de Guerrero a través de los llamados Centros de Jóvenes por la Paz o de las Escuelas de Perdón y Reconciliación, incluso en colaboración con algunos gobiernos municipales. Agregan: “Queremos formalizar este acuerdo de voluntades, en cuanto sea posible, con todos los ayuntamientos y el gobierno del Estado”. Pertenecientes a la Provincia Eclesiástica de Acapulco, los cuatro firmantes son: Carlos Garfias, arzobispo de Acapulco; Dagoberto Sosa, obispo de Tlapa; Maximino Martínez, obispo de Ciudad Altamirano, y Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo-Chilapa.