SAN LUIS POTOSÍ, SLP (proceso.com.mx).- El gobierno estatal expresó su rechazo ante el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos de exonerar a agentes fronterizos de alguna responsabilidad penal por la muerte del potosino Anastasio Hernández Rojas, tras una golpiza que le fue propinada por éstos cuando era devuelto a México en la garita de San Ysidro, en California. En un breve comunicado emitido este domingo, el gobierno del priista Juan Manuel Carreras López dio a conocer su inconformidad por esta decisión del gobierno estadunidense. El jueves, el Departamento de Justicia dio a conocer que no presentaría cargos penales contra los agentes involucrados en los hechos, ocurridos el 28 de mayo del 2010, cuando Hernández Rojas fue detenido al cruzar ilegalmente la frontera desde México e iba a ser devuelto. Videos tomados con teléfonos móviles exhibieron a ocho agentes migratorios de Estados Unidos mientras inmovilizaban y golpeaban al potosino, cuando éste se encontraba ya esposado y en el piso, y gritaba pidiendo ayuda. Hernández, de 42 años, recibió por lo menos dos descargas de pistolas eléctricas y debió ser trasladado a un hospital, donde murió dos días después tras ser desconectado de los aparatos que lo mantenían respirando. De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia, los fiscales no contaron con las pruebas suficientes para refutar la versión de los agentes, en el sentido de que se habían visto obligados a someter por la fuerza al migrante potosino, por lo que no habían provocado su muerte voluntariamente. Al respecto, el gobierno federal –a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores– lamentó y expresó un enérgico rechazo a la exoneración de los agentes fronterizos, al considerar que “genera la percepción de que las acciones indebidas de los oficiales encargados del cumplimiento de la ley quedan impunes, y se contrapone al espíritu de colaboración impulsado por los gobiernos federales de ambos países”. La familia del potosino promovió un juicio civil en contra de ocho agentes y cuatro supervisores de la Patrulla Fronteriza, mismo que está abierto en un juzgado federal en San Diego, California. El gobierno mexicano anunció que continuará dando seguimiento al proceso civil que está en curso, por medio del Consulado general en San Diego.