PUEBLA, Pue. (apro).- El secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, rechazó que en la entidad existan presos políticos, y calificó como “mediáticas” y “de oportunismo electoral” las acusaciones contra la administración de Rafael Moreno Valle. “En Puebla no existen presos políticos, pero sí presuntos responsables de delitos del fuero común, quienes están sujetos a la competencia de jueces, bajo procesos en los que tienen a salvo sus medios de defensa”, señaló. Durante su comparecencia en el Congreso local, Maldonado Venegas –con una curul asegurada en la Cámara de Diputados, debido a que se encuentra en las primeras posiciones de la lista plurinominal del PRD– ofreció entregar a los diputados una copia del expediente turnado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el asunto de los presos políticos (100, según organizaciones defensoras de derechos humanos), supuestamente para demostrar “la falsedad de estos señalamientos mediáticos”. Respecto de la represión policiaca en contra de habitantes de Chalchihuapan, el 9 de julio de 2014, el funcionario estatal aseguró que el gobierno de Moreno Valle sólo aplicó la ley y que la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo durante el operativo fue parte de los  “daños no intencionales”. “En una sociedad democrática existen tensiones que, por más que sean la excepción, llegan eventualmente a escalar a niveles de confrontación que encubren en supuestas demandas sociales, actos de provocación y violación del marco legal, afectando el interés de terceros o amenazando las libertades e integridad de los ciudadanos”, justificó. En este contexto, dijo, ocurrió el desalojo de habitantes de Chalchihuapan que bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco. “Frente a esas situaciones, la autoridad no tiene más alternativa que hacer valer el Estado de Derecho, porque es la obligación primaria con la sociedad, porque no es prerrogativa someter la aplicación de la ley al arbitrio del chantaje político o, peor aún, de la comisión de delitos bajo el régimen de  impunidad”. Según Maldonado, el gobierno de Moreno Valle tiene voluntad política para privilegiar el diálogo con las organizaciones que reclaman la solución a los conflictos sociales, sin embargo, advirtió, esto debe hacerse en el marco de la ley , que “no se pacta, no se negocia, ni se tuerce”.