XALAPA, Ver. (apro).- El expolicía intermunicipal Clemente Noé Rodríguez, uno de los seis presuntos asesinos del periodista de La Unión, Moisés Sánchez Cerezo, ocurrida el 2 de enero, estuvo involucrado en dos desapariciones forzadas desde diciembre de 2009. Rodríguez Martínez fue investigado, junto con otros policías, por esos “levantones”, pero salió exonerado por la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y la Unidad Estatal del Combate al Secuestro (UECS), organismos hoy convertidos en la Fiscalía General del Estado (FGE). Edgar Gilberto Romero Toriz y David Zaragoza Hernández, oriundos de Los Reyes, Michoacán, llegaron al puerto de Veracruz el 29 de noviembre del 2009, y entre sus planes estaba poner un negocio de helados y paletas y un puesto de tacos. Ambos se hospedaron durante dos noches en el hotel Kiryos y, al tercer día, consiguieron en renta una vivienda en la zona norte de la ciudad, en Casas Geo. Víctor Alberto Romero –padre de Edgar– cuenta que lo último que supo de su hijo y de su amigo fue que el 2 de diciembre fueron detenidos por elementos de la extinta Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río en la esquina de Victoria y Collado, afuera de un autolavado. Ahí los policías, con Clemente Noé Rodríguez y Antonio Salinas al mando del operativo de revisión, capturaron a Víctor y a David, requisaron su camioneta, una Ford F150, con placas de Michoacán MX57243, y los despojaron de 70 mil pesos en efectivo y varias tarjetas bancarias. Los michoacanos –agrega Víctor Alberto– explicaron su intención de quedarse a vivir en Veracruz para poner un negocio; incluso se comunicaron telefónicamente con familiares que tienen en el puerto y en la ciudad de Córdoba para legitimar la procedencia del efectivo y su versión de residir en la entidad. “Desde ese día no sé nada de mi hijo ni de su amigo, la camioneta se esfumó y los policías no fueron incriminados. Nos han dicho en la tele que hay ‘verdades históricas’, pero uno como padre quiere saber hechos reales. ¿Dónde están nuestros hijos?”, expone Víctor Alberto Romero. Con la detención de Clemente Noé Rodríguez como presunto asesino del reportero Moisés Sánchez y la incriminación de varios policías intermunicipales en el homicidio, Romero exige a la FGE que reabra la investigación de la “desaparición forzada” de su hijo y de su amigo, ilícito que ya cumplió cinco años y dos meses. “Durante cuatro meses nos quedamos a vivir en Veracruz buscando a mi hijo, el subprocurador, el subsecretario de Seguridad, todos nos dieron atole con el dedo, no investigaron nada, nos dimos cuenta que todo estaba amafiado”, insiste Alberto Romero. Ejemplo de ello dio el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Remigio Olivares Ortiz (hoy director general de Prevención y Readaptación Social), quien emplazó a los familiares de Edgar Gilberto Romero: “Mejor váyanse, porque su vida corre peligro”. En la investigación ministerial 003/UECS/2009 de la UECS y en la investigación 1373/2009 de la PGJE aparece incriminado Clemente Noé Rodríguez, quien iba al mando de la patrulla PIVB-329. Además, el entonces policía Antonio Salinas fue llevado ante las oficinas del MP, sin embargo, el 3 de junio del 2010, seis meses después de la desaparición de los jóvenes michoacanos, los agentes fueron exonerados por la Procuraduría de Justicia. “Nos dijeron que no había elementos para consignarlos (a los policías intermunicipales), que no había pruebas contundentes para el ejercicio de la acción penal”, resume el padre de Edgar. Luego de los hechos los familiares de Edgar Romero y de David Zaragoza se trasladaron de Michoacán y de Córdoba al puerto de Veracruz, y ahí empezó su viacrucis: “Diligencias tardías, investigaciones amañadas, encubrimiento de los policías intermunicipales”. Cinco días después de la desaparición de Edgar y David, sus tarjetas bancarias fueron vaciadas y encendidos por breves lapsos sus teléfonos celulares y un radio Nextel. Los estados de cuenta bancarios revelaron que todos los días se sustraía dinero en efectivo del Chedraui del centro comercial Las Brisas –ubicado cerca del cuartel de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río– y de un HSBC de la zona. “Casualmente”, enfatiza el padre de Edgar, las cámaras de video de ambos comercios no llevaban registro sobre el cajero automático donde se retiró el recurso monetario. “La última vez que me llamaron los de la UECS y de la PGJ fue en 2011 para hacerme la prueba genética; desde ahí, la investigación está parada. Hubo carpetazo. Yo hoy sólo quiero el derecho a la verdad, pues mi hijo es víctima de una desaparición forzada y yo soy víctima de violaciones a mis derechos humanos por la forma en que las autoridades de Veracruz encubrieron y amañaron un delito”, refiere Víctor Alberto Romero. Desde el domingo 25 de enero, la FGE y su titular, Luis Ángel Bravo, confirmaron que fue hallado sin vida el reportero de La Unión, José Moisés Sánchez Cerezo, cuyos restos fueron arrojados en un paraje solitario del municipio de Manlio Fabio, muy cercano a Medellín de Bravo, lugar de residencia del periodista. En rueda de prensa, Bravo Contreras informó de la detención del exagente Clemente Noé Rodríguez quien, junto con otras cinco personas, varios de ellos policías, “privaron de la vida” al reportero. En la investigación ministerial 01/E/2015, Rodríguez Martínez confesó que el asesinato de Moisés Sánchez fue un “encargo” del chofer del alcalde y el subdirector de la Policía Municipal, Martín López Meneses, quien a su vez habría actuado por instrucción del alcalde panista Omar Cruz Reyes. El exagente intermunicipal también aseguró que en el homicidio doloso del periodista participaron otros expolicías, a quienes sólo conoce por los apodos de El Harry, El Chelo, El Moy, El Piolín y El Olmos, todos ellos al día de hoy prófugos de la justicia.