CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, por violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad y libertad personal por la detención arbitraria de una mujer, de la que son responsables seis autoridades del Sistema Penitenciario de Hermosillo. En un comunicado, el organismo señaló que el 5 de junio de 2015 recibió una queja telefónica respecto de una mujer que continuaba privada de su libertad en el CERESO, a pesar de que tres días antes había cumplido su condena y que antes de esta fecha personal del gobierno del estado se presentó con ella para “negociar” su libertad. “En entrevista con visitadores de la Comisión Nacional, la víctima manifestó que fue puesta en libertad el 8 de junio de 2015, debido a que el día 2 de ese mismo mes, cuando debía salir de prisión, dos custodios y una celadora revisaron su celda y dijeron haber encontrado ‘cinco globos con droga’. Por ese motivo fue puesta a disposición del Ministerio Público”. Sin embargo, dice la Comisión, el juzgado que conoció de la causa penal, dictó “auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley”, al no acreditarse el delito “contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión de metanfetamina, con fines de venta”, por el que fue consignada. De acuerdo con la información, la víctima refirió que los días 13, 14 y 25 de mayo, y 1 de junio de 2015, personal del gobierno estatal se presentó ante ella en distintos momentos con la finalidad de negociar su libertad y, al no aceptar el acuerdo propuesto, el 2 de junio de ese año se suscitó el evento expuesto. En el expediente CNDH/2/2015/4257/Q, la CNDH acreditó que con el actuar de los elementos de seguridad penitenciaria y del Ministerio Público, se transgredieron derechos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal de la víctima, por diversas acciones y omisiones, como revisar la celda sin autorización, dirigir la revisión ex profeso a la víctima, sin contar con la presencia y participación de la otra interna durante la revisión, sufrir incomunicación con posterioridad a su detención, elaborar un parte informativo con hechos distintos a los ocurridos, inconsistencias durante la indagatoria penal, la supuesta flagrancia en la comisión del delito y la supuesta posesión de una sustancia prohibida por parte de la víctima. “Como antecedente del caso, la CNDH emitió la diversa Recomendación 54/2013, dirigida al entonces Gobernador del Estado de Sonora, en la que también se acreditó que se violaron derechos humanos de la víctima a la libertad, a la legalidad y a la seguridad jurídica”, señala el comunicado. Por lo anterior, la CNDH recomendó a Pavlovich Arellano instruir a quien corresponda, se proporcione atención psicológica y se repare el daño a la víctima, en términos de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora. Asimismo, colabore con la misma Comisión en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule contra los servidores públicos señalados, para que se investigue y determine conforme a derecho su responsabilidad, así como en la queja que se promueva ante la instancia competente contra las autoridades y empleados de seguridad penitenciaria involucrados en los hechos. Además, se capacite al personal de seguridad y custodia de los Centros de Reinserción Social sobre la aplicación de medidas de seguridad, que garanticen el irrestricto respeto a los derechos humanos de los internos, y que todas las revisiones a las celdas de los reclusos sean videograbadas, desde su inicio, para evitar la repetición de hechos como el presente. Finalmente, el organismo pidió que se inscriba a la agraviada en el Registro Estatal de Víctimas, a efecto de que tenga acceso a los recursos del Fondo Estatal y a la reparación integral previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora.