COLIMA, Col. (apro).- El Grupo Universidad, que encabeza el exgobernador Fernando Moreno Peña, exhibió su poder luego de que la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones del Congreso local desechó una propuesta de nueva Ley Orgánica de la Universidad de Colima, en la que entre otras cosas se planteaba democratizar la vida interna de la institución mediante la reducción de facultades del rector y el cambio en la integración del Consejo Universitario. El proyecto de ley, con el que se pretendía sustituir la actual, promulgada hace 36 años, fue presentado en mayo pasado por el doctor Manuel Salvador González Villa, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la casa de estudios, quien buscaba que la comisión receptora hiciera suya la propuesta y la presentara como iniciativa ante el pleno. Manejada desde hace casi cuatro décadas por el grupo político creado por el fallecido exrector Jorge Humberto Silva Ochoa, la Universidad de Colima ha sido utilizada como trampolín político por sus directivos para acceder a puestos públicos administrativos y de elección popular a través del PRI. De las filas del Grupo Universidad surgieron ya tres gobernadores –Moreno Peña, Arnoldo Ochoa González y Carlos Flores Dueñas, los dos últimos interinos–, diputados federales, diputados locales, senadores, presidentes municipales y funcionarios de diversas oficinas gubernamentales. La propuesta legal de Salvador González Villa señalaba que la actual Ley Orgánica de la Universidad de Colima data de 1980 y, durante el tiempo en que ha permanecido vigente, se han observado diversas transformaciones a nivel mundial, nacional y estatal, en los aspectos pedagógicos, científicos, técnicos, económicos, jurídicos y de gestión administrativa en materia de educación media superior y superior, que no han sido recogidas en este ordenamiento. “Lo anterior –añadió– tiene como consecuencia que en la gestión de la administración universitaria cada vez se presentan más hechos, actos y situaciones que, a falta de una normatividad más ágil y moderna, se tengan que resolver bajo parámetros de decisión acotados, lo que no es el escenario idóneo para la preservación de los principios de legalidad, equidad, libertad, democracia y constitucionalidad”. A juicio del profesor de Ciencias Políticas, esa circunstancia ha generado la necesidad impostergable de crear una nueva Ley Orgánica para la máxima casa de estudios, como primer paso para una reforma integral a todas las normatividades que componen el orden jurídico universitario. El proyecto entregado al Congreso, afirmó, “es fruto de la construcción de consensos de diversos sectores que integran la Universidad: facultades, centros de investigaciones, estudiantes, trabajadores académicos y trabajadores administrativos, y por tanto representa en buena medida un genuino ejercicio de democracia, reflexión y de deliberación universitaria real”. A la sesión del Congreso en la que se abordó el asunto, el viernes 14, acudió todo el aparato del Grupo Universidad, encabezado por el actual rector, José Eduardo Hernández Nava, y el exrector Fernando Moreno Peña, quienes estuvieron juntos en la primera fila de butacas del salón del pleno, acompañados de otros exrectores como Miguel Ángel Aguayo López, Arturo Cedillo Nakay y Mario de la Madrid de la Torre. El salón de sesiones fue insuficiente para la cantidad de directivos medios, profesores, trabajadores administrativos y dirigentes de sociedades estudiantiles dependientes de la FEC, quienes desde el día anterior fueron convocados por la Rectoría para presentarse a vitorear el rechazo del proyecto de ley en el Congreso, cuando la Comisión de Gobierno Interno de éste todavía ni siquiera se reunía para determinar la orden del día de la sesión. La resolución mediante la que fue desechada la propuesta de nueva Ley Orgánica, leída en la tribuna por el diputado priista Federico Rangel Lozano, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, advierte que la propuesta emite juicios superficiales y desconoce por completo la eficacia de la Ley Orgánica vigente, además de carecer de un análisis de impacto presupuestal. Según el documento, el proyecto es “una contrarreforma que alejaría a la Universidad de Colima de las grandes transformaciones que hoy ofrece la sociedad del conocimiento, en las cuales esa institución ha estado presente”. Rangel Lozano añadió que “reformar la Ley Orgánica de una institución cuya relevancia ha sido demostrada empíricamente a lo largo de la historia, constituye un acto de responsabilidad educativa y de moral universitaria”. Entre otros argumentos para descartar la petición, la comisión respectiva señaló que en el contexto de la autonomía universitaria, la instancia legal apropiada para presentar propuestas de Ley Orgánica es el Consejo Universitario. La resolución del Congreso sostiene que la propuesta “es producto de un grupo minoritario que trabajó al margen de la gran mayoría de los universitarios; ninguna prueba de que ello haya ocurrido fue presentada por el autor de la propuesta, sólo afirmaciones sin sustento”. La comisión archivó la propuesta sin someterla a votación del Congreso con el argumento de que no cumplió con las formalidades relativas a una iniciativa popular, pues no fue suscrita por cuando menos 2% de los inscritos en el listado nominal de electores del estado como lo establece la Constitución de Colima. El diputado local priista Héctor Magaña Lara, al mismo tiempo presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC), fijó en la tribuna un posicionamiento en nombre de los diputados del PRI, PAN, Panal, PT, PVEM e independientes (con la única excepción de la diputada de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda Mesina), en el que llamó a defender “a capa y espada” la autonomía universitaria. Magaña Lara, quien llegó a la diputación bajo el cobijo del Grupo Universidad, evidenció su menosprecio por la propuesta de nueva Ley Orgánica que “ni siquiera despeinó a la gran comunidad universitaria” y calificó como “desestabilizadores” a sus autores. “La Universidad de Colima —expresó— no es uno, no son dos, tres o cuatro personas, la Universidad somos todos nosotros y las decisiones de su vida interna deben ser tomadas sólo por universitarios, pero no por uno, dos o tres desestabilizadores, sino por toda la comunidad universitaria, por los conductos establecidos en su Ley Orgánica y respetando siempre sus ordenamientos internos”. El exrector y exgobernador Moreno Peña aplaudió por su parte el rechazo a la propuesta de nueva Ley Orgánica, pues a su juicio el Congreso local le ratificó su confianza a la universidad porque ésta durante casi 40 años “siempre ha ejercido de manera responsable la autonomía”. Luego refirió que a veces se confunde a las personas con las instituciones: “Ha habido críticos de la universidad, pero lo hacen más en función de quienes la hemos dirigido que del trabajo verdadero que la universidad hace, pero la universidad ha acreditado a lo largo de los años su aporte a Colima (…) creo que la institución en este evento es reconocida en el trabajo que viene haciendo, y esto la compromete mucho”. Negó que dentro de la institución educativa haya efervescencia política, sino efervescencia académica, pues para el cumplimiento de sus funciones sustantivas la universidad no requiere a los partidos políticos. “Los partidos sí necesitan a los universitarios, entonces éstos tienen que ir a los partidos a hacer la actividad política, nutrir, fortalecer con su conocimiento, con su pensamiento a los partidos para que haya una mejor político; qué mejor que los universitarios vayan a los partidos y hagan política”, justificó. En entrevista posterior, la diputada Leticia Zepeda Mesina señaló que, con el rechazo de la propuesta, el Congreso del estado perdió una buena oportunidad de llamar a los diferentes sectores universitarios y sociales a expresar sus puntos de vista con el propósito de consensuar la actualización de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima. Indicó que dentro del proceso de análisis de la propuesta de González Villa la Comisión de Participación Ciudadana ni siquiera invitó a las partes implicadas en el asunto para conocer sus puntos de vista. Zepeda Mesina refirió que si bien como iniciativa ciudadana el proyecto tenía muchas fallas de técnica legislativa, “todas esas cuestiones se pueden corregir, porque precisamente es en las comisiones donde se enriquece y se corrige”, además de que la propuesta contenía “aspectos muy rescatables, como la instauración del voto secreto en las sesiones del Consejo Universitario, por lo que como Congreso tenemos una tarea pendiente con los universitarios; debemos ponernos a trabajar y darles a los universitarios y a Colima una Ley Orgánica que vaya acorde a la nueva perspectiva que tiene el país”. El doctor Manuel Salvador González Villa, por su parte, cuestionó en entrevista el hecho de que la decisión sobre su propuesta de ley haya quedado en manos únicamente de tres diputados sin someterla a votación del resto de los legisladores. El académico reiteró la necesidad de acotar las facultades del rector para generar equilibrios en los diferentes sectores de la comunidad universitaria, pues en la actualidad el poder se encuentra concentrado en una sola persona. González Villa consideró que el contexto en el que fue rechazada su propuesta, “parecía más un escenario político que una sesión del Congreso; me llama mucho la atención cómo la Universidad de Colima, a través de sus principales funcionarios, se hicieron presentes como mostrando el músculo, es decir, un mensaje de la fuerza que tienen en términos de su número y de su peso político”. Hizo notar cómo desde el día previo “la plana mayor de la Universidad de Colima ya había sido informada de que sería emitida la resolución”, mientras que el resto de los diputados fueron informados del orden del día apenas dos horas antes de la sesión, lo que “muestra burdamente” la forma como se manejan las cosas de alto nivel en la entidad. “Aquí se ve todo el oropel político, todo el manejo, los vicios del sistema político local, la entronización entre la Universidad de Colima y el Congreso priista, que se supone en teoría debería ser un órgano autónomo en sus decisiones; eso me parece muy preocupante porque muestra un nudo, una entronización de intereses que ya están demasiado enquistados para mantener la estabilidad política local y eso es algo que no podemos desconocer, ni mucho menos minimizar”, concluyó.