CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI debe 20 millones de pesos a la Secretaría de Salud por servicios médicos prestados a militantes, recursos que nunca fueron pagados. Mientras, en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se detectó un ejercicio desorbitado del presupuesto autorizado, pues cuando éste era de 350 millones de pesos, durante los años electorales se excedió hasta en 116%, pues sólo en 2012 alcanzó los 600 millones de pesos, mientras que en 2013 fueron más de 700 mdp. En rueda de prensa, los secretarios de Salud, Desarrollo Social y el titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas revelaron el estado en que recibieron esas dependencias. Así, Víctor Quintana Silveyra, titular de Sedesol, dio a conocer que en 2012 y 2013 esa dependencia ejerció casi el doble de presupuesto asignado sin que se hayan realizado en todo el sexenio acciones específicas para el combate a la pobreza, lo que llevó a tener 70 mil personas más en extrema pobreza, de 2012 a 2014. Peor aún, los programas de atención a migrantes y a jóvenes fueron desactivados. El funcionario precisó que este año se dejaron de dar los apoyos a las mamás de los jóvenes que fueron asesinados en enero de 2010 en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, así como a madres de niñas y jóvenes desaparecidas. “Se les retiró el apoyo, ya no hay con qué pagarles, este año no se les ha pagado, estamos buscando que se garantice ese pago”, dijo Quintana. Por su parte Ernesto Ávila, secretario de Salud, denunció que en los hospitales que pertenecen al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), como el hospital Central, y que reciben recursos federales a través del Seguro Popular, encontraron un desabasto de 60% en medicamentos. Lo anterior, acusó, “se deriva de que en la administración pasada hubo licitaciones oscuras, compras de medicamentos por mil 400 millones de pesos y suministros, licitaciones de manera directa a proveedores favorecidos y que varios de éstos no cumplieron en tiempo y forma, no entregaban medicamentos, preferían ser penalizados, y (en la dependencia) las compraban por fuera, se compraba a precios desorbitados”. Por ejemplo, dijo el funcionario, el metamizol sódico, que en farmacias cuesta unos 38.80 pesos, lo adquirían en 356 pesos, diez veces más caro, “y a eso le agregamos una cantidad de medicamentos y suministros para la salud. Por ejemplo, aquí tengo esta factura por 52 millones de pesos, cuando en el comercio, esto se pudo adquirir en 10 millones de pesos, 42 millones de diferencia en una sola factura”. Aunque se negó a dar nombres de proveedores, Ávila dio a conocer que ya dio vista a la Secretaría de la Función Pública para que determine si hubo faltas administrativas y/o penales en algunos casos y otros los pasaron directamente a la Fiscalía General del Estado, para que investigue y consigne a los responsables de ese desfalco y afectación a la ciudadanía. El secretario de Salud abundó en que las autoridades anteriores favorecieron a compañías que supuestamente brindaron servicios en hospitales, pero cuando revisaron, por ejemplo, una cirugía de laparoscopía, costó tres veces más que con otros proveedores. Así, el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) adeuda mil 34 millones de pesos en ese rubro. “Se debe a proveedores, a hospitales, farmacéuticas, al SAT le debemos 15O millones de pesos, a compañías que vendieron vales de despensas para empleados les debemos 113 millones de pesos, hay situaciones graves porque si ese recurso se obtenía, ¿dónde está? Además, en la parte que corresponde a Servicios de Salud, se jubilaron 90 trabajadores a los que se les tenía que entregar un bono de 150 mil pesos y sólo les dieron 60 mil, por tanto les deben 90 mil. Hemos logrado que el secretario de Hacienda les diera 15 mil pesos, les vamos a pagar poco a poco para cumplir con ese grupo de personas”, agregó. El Ichisal tiene pendientes por cobrar 750 millones de pesos, y “¿dónde estaban las personas del instituto que no cobraron ese dinero? Nos deben diferentes instancias gubernamentales que deben pagar, varios municipios que ya han comenzado a pagar, hemos hecho nuevos convenios porque hay que ir a cobrar para que paguen. Una de las instancias es el PRI, nos deben alrededor de 20 millones de pesos, hay un convenio previo y no ha pagado, el Ichisal no tenía por qué darle ese servicio, porque tendría que darlo a todos los partidos, estamos en tratos con el partido, esperamos que paguen, porque será lastimoso llegar a otras acciones”, advirtió el médico. “En ocasiones los medicamentos llegaban a almacenes, entraban y por la otra puerta salían. Hay faltantes de medicamentos, pero también hay alrededor de 28 millones de pesos en medicamento caduco, es un verdadero crimen”. Luego refirió que “hay equipos en almacenes, hasta por 27 millones de pesos, que no sabemos por qué están ahí, como computadoras, monitoreo de hospitales. En el Hospital General hay un equipo de hemodinamia, son dos cajas que equivalen a 2 millones de dólares, se compraron a la compañía Siemens y ya nos dijo que no tienen ya garantía, es muy fino, se usa para procedimientos cardiológicos. Hay equipo en cajas, para cateterismos, se pueden hacer angiografías cerebrales y para todo el organismo”. Prosiguió: “En el hospital Central hay un mastógrafo en cajas, no sé por qué fue comprado en Italia, cuando llegué como secretario lo estaban poniendo apuradamente pero no funciona, las imágenes están llenas de lluvia, no hemos podido hacer que funcione”. Otro problema es la falta de médicos especialistas, abundó, principalmente en Juárez y en la Sierra Tarahumara. En el caso de Juárez, los médicos salieron cuando los índices de violencia estaban muy altos y ya no quieren ir allá. En la Tarahumara, reveló, los especialistas han huido y siguen saliendo médicos, enfermeras y técnicos en salud, por la inseguridad, destacadamente en los municipios de Morelos, Madera, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Batopilas. “No quieren ir a la sierra aun cuando les paguemos sobresueldos por la misma seguridad, esto sale de nuestro control, sin embargo, ahí está el problema de atención primaria, el primer nivel de atención se ve un poco obstaculizado”, abundó. Luego destacó que del Seguro Popular llegaban mil 500 millones de pesos a la bolsa de la Secretaría de Hacienda estatal, pero ésta mandaba el recurso a otro lado y aún no saben dónde está ese dinero. En Desarrollo Social, dijo Quintana Silveyra, no se han pagado casi 7 millones de pesos a 176 organizaciones civiles, y tampoco aparece ese recurso. María Teresa Guerrero Olivares, titular de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, denunció las condiciones del único albergue indígena que hay en la ciudad, mismo que encontraron en condiciones deplorables, así como la entrega de alimentos caducos a residentes de comunidades serranas.