CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a diversas autoridades del gobierno de Guerrero por hechos en los que se acreditaron violaciones a los derechos humanos de diversos miembros de la Policía Comunitaria de Olinalá, entre los que se encuentra Nestora Salgado. En un comunicado, el organismo precisó que dichas violaciones fueron perpetradas por autoridades estatales durante la detención que se ordenó contra los policías comunitarios por la comisión de presuntos delitos que les imputaban. También, dijo, se violaron los derechos fundamentales de otras personas, incluidos cuatro menores de edad, durante su internamiento en la Casa de justicia “El Paraíso”, como parte de su proceso de “reeducación” por parte de elementos de la Policía Comunitaria. De acuerdo con el texto, la CNDH conoció del caso mediante tres escritos de queja presentados el 26 de agosto y el 20 de noviembre de 2013, y el 7 de abril de 2014, en los que se aludieron hechos que implicaban presuntas violaciones a derechos humanos, tales como detención arbitraria, ataques a la libertad e integridad personal, faltas al debido proceso y acceso a la jurisdicción del estado, así como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras. Luego de analizar y valorar el conjunto de elementos de convicción que recabó, la CNDH acreditó violación a los derechos humanos a la libertad personal e integridad personal, así como violación al derecho al debido proceso y al pleno acceso a la jurisdicción del estado en agravio de integrantes de la Policía Comunitaria y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Destacó que el agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría de Justicia estatal “omitió realizar un análisis de las especificidades culturales y los usos y costumbres de los grupos del Sistema Comunitario de Justicia al emitir sus determinaciones”. Por otra parte, añadió, se acreditaron abusos físicos y trato inhumano de policías comunitarios que violentaron el derecho a la integridad personal, trato digno, libertad sexual y derecho a una vida sin violencia en agravio de cuatro menores de edad y ocho adultos, quienes fueron privados de su libertad en Casas de Justicia del Sistema Comunitario, hecho que deberá ser investigado por la Fiscalía General del Estado. Según la CNDH, tampoco se advirtió acción ministerial para indagar si la detención de personas por parte de la Policía Comunitaria y las sanciones tenían sustento en usos y costumbres, y si, por la naturaleza de los hechos y las personas involucradas, correspondía dar vista a la autoridad comunitaria reconocida conforme a la ley, para determinar la jurisdicción competente para conocer este tipo de actos. Concluyó que el derecho a la autonomía y autodeterminación indígena no es absoluto y tiene sus límites en la no contravención de los principios generales de la Constitución federal y el pleno respeto a los derechos humanos. Por lo anterior, la CNDH recomendó al gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, presentar iniciativas de ley y reformas para asegurar el pleno respeto a la autonomía y determinación de los pueblos y comunidades indígenas; instruir a las instancias gubernamentales estatales que en todos los procedimientos que involucren a autoridades indígenas consideren los usos y costumbres y especificidades culturales y les reconozcan personalidad jurídica. Asimismo, considerar la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, mediante consulta, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del Sistema Comunitario de Justicia y que sea compatible con el sistema internacional de derechos humanos. Al fiscal general, reparar el daño a integrantes de la Policía Comunitaria y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, en términos de la Ley General de Víctimas, y denunciar ante la Visitaduría General y la Contraloría Interna de la propia Fiscalía para que se investigue y sancione a los servidores públicos involucrados, tanto de las autoridades estatales como del Sistema de Justicia Comunitario. Al Congreso estatal le solicitó elaborar y presentar iniciativas de ley y de reformas, para asegurar el pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Y al Ayuntamiento de Olinalá, comunicar a todas sus instancias y dependencias la recomendación emitida e instruir que en todos los procedimiento que involucren a autoridades indígenas consideren los usos y costumbres, las especificidades culturales y les reconozcan personalidad jurídica. La CNDH dio vista de la recomendación a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que determine, en el ámbito de su competencia, la inscripción de los siete integrantes de la Policía Comunitaria y de las 12 personas privadas de su libertad en las Casas de Justicia, en el Registro Nacional de Víctimas, en términos de la ley en la materia.