CANCÚN, Q. Roo (apro).- Activistas del Malecón Tajamar denunciaron una acción concertada del gobierno para impedir se proceda legalmente contra los responsables de la depredación del malecón Tajamar e impedir la recuperación de este terreno, localizado frente al sistema lagunar Nichupté. “Hay una complicidad del gobierno. Lo tenemos que decir”, subrayó la abogada Isabel Cecilia González Glennie. En rueda de prensa, cuestionaron el desempeño de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pofepa), de jueces federales y hasta del ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún). En nueve meses, precisaron, la Profepa no ha avanzado en las denuncias que han presentado 7 mil ciudadanos por la devastación al malecón Tajamar, incluso se ha negado dar vista de los expedientes a querellantes. Aracely Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), indicó que la Profepa acumuló las denuncias en un solo expediente, y si bien ha realizado visitas de inspección, no hay mayores avances en los procedimientos que deberían de concluir en la cancelación de los permisos. Las primeras denuncias fueron hechas en junio de 2015, cuando fueron desforestados los primeros terrenos que eran propiedad del grupo italiano “Bi & Di”, y luego tras la devastación del pasado 16 de enero de 59 hectáreas de Tajamar. “En virtud de la coadyuvancia que tenemos los denunciantes, solicitamos revisar los procedimientos administrativos abiertos, pero la solicitud fue negada”, dijo Domínguez. Por otra parte, indicó, también solicitaron ante Profepa medidas y acciones de preservación del ecosistema. “El manglar aún está vivo y las especies que habitan en él también, y dependen del ecosistema, pero además se deben ejecutar acciones que tiendan a preservar, por lo menos para permitir que los animales y el ecosistema no se siga devastando”, dijo. Esta mañana, los activistas presentaron más pruebas ante la Profepa, que fueron recopiladas a partir de una convocatoria a ciudadanos que atestiguaron la devastación del 16 de enero. Por otra parte, la abogada González Glennie indicó que, de cuatro demandas de protección de garantías presentadas, sólo han obtenido una suspensión definitiva, que corresponde al juicio de amparo 86/2016 ante el Juzgado Segundo de Distrito. En los otros, refirió, un juez pidió una fianza de 22 millones de pesos, y en otro más cambió de criterio y también fijó una garantía, mientras que en uno más ni siquiera fue concedida la suspensión provisional. Luego señalaron que un terreno propiedad del ayuntamiento, en Tajamar, fue embargado por una empresa constructora, y si no prosperan los recursos legales interpuestos, se advierte la posibilidad de que sea vendido. La abogada Antonella Vázquez indicó que la mayor parte de los predios sieguen siendo propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y del ayuntamiento de Benito Juárez. “El ayuntamiento tienen tres lotes, los marcados con los números 1, 2 y 10 –precisó-- los cuales fueron fusionados en uno, pero también fueron impactados por la devastación. Los activistas detectaron, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, que el predio fue embargado por un monto de 600 millones, en favor de la empresa Grupo Carretero. En otro asunto, los activistas se pronunciaron por el libre paso a Tajamar y que Fonatur realice trabajos de conservación y mantenimiento.