Exigen justicia a dos años de la represión en Chalchihuapan

martes, 19 de julio de 2016 · 20:44
PUEBLA, Pue. (apro).- Al cumplirse dos años de la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, familiares y activistas marcharon por las calles de esta ciudad para reclamar que no quede impune el violento desalojo que realizaron policías estatales contra pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, el 9 de julio de 2014. Encabezados por Elia Tamayo, madre del menor, los manifestantes pidieron fincar responsabilidades contra Facundo Rosas Rosas, quien en ese entonces se desempeñaba como secretario de Seguridad estatal y encabezó el violento operativo. Otra de las demandas del contingente fue la pronta liberación del exedil de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, y demás “presos políticos” del gobierno del panista Rafael Moreno Valle. Hilario Gallegos Gómez, vocero del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos “José Luis Tehuatlie Tamayo”, aseguró que a dos años del violento desalojo el gobierno de Moreno Valle mantiene su misma política represora. Además, afirmó que a la fecha prevalece la impunidad, pues los autores materiales e intelectuales del asesinato del niño están libres y la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sigue sin cumplirse. En tanto que Javier Montes, quien participó en la protesta por el retiro de las oficinas del Registro Civil de su comunidad, sigue encarcelado en el penal de San Miguel. En una breve participación, Elia Tamayo reclamó justicia: “Soy Elia Tamayo Montes, y estoy aquí para pedir justicia y que se libere al edil Javier Montes Bautista y a todos los presos políticos”, expresó. En la manifestación también participó el exdiputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien acusó al gobernador Moreno Valle de ser el verdadero responsable de la muerte del niño, quien fue alcanzado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por los policías y declarado muerto diez días después. El exlegislador demandó la derogación de la llamada Ley Bala, que a la fecha se mantiene vigente pese a que fue el sustento para la represión contra los pobladores de Chalchihuapan, y por tanto para el asesinato del hijo de Elia Tamayo.

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