PUEBLA, Pue. (apro).- A dos años del violento desalojo policiaco contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, Elia Tamayo, madre del niño asesinado José Luis Tehuatlie Tamayo, no ha obtenido una respuesta a su reclamo de justicia. Y es que a pesar de que quedó demostrado que fueron los policías quienes iniciaron la agresión y dispararon a quemarropa cartuchos de gas lacrimógeno contra mujeres, ancianos y niños, hasta ahora las únicas personas que han pasado por la cárcel son los propios pobladores de Chalchihuapan, entre ellos Javier Montes Bautista, quien en ese entonces era alcalde de la Junta Auxiliar y hasta la fecha sigue interno en el penal de San Miguel de esta ciudad. Los policías Juan Máximo, Francisco López Domínguez, Germán Nava, Rómulo Ramiro Juárez Santiago y Luis Bernardo González, señalados como autores materiales de la represión, estuvieron en la cárcel unos cuantos meses. El 24 de diciembre de 2014 fueron liberados para que pasaran la Navidad con sus familias. Ya no regresaron a prisión. Hilario Gallegos Gómez, vocero del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos “José Luis Tehuatle Tamayo”, aseguró que a dos años de la represión policíaca, la impunidad persiste. El 9 de julio de 2014 un grupo de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan bloqueó la autopista Puebla-Atlixco para exigir la reapertura de las oficinas del Registro Civil en su comunidad. La manifestación se realizó de manera simultánea en distintas Juntas Auxiliares de la entidad que resultaron afectadas por las modificaciones a las leyes Orgánica Municipal y del Registro Civil promovidas por el gobernador Rafael Moreno Valle. Además de dejar a más de 600 comunidades sin el servicio del Registro Civil, los cambios legislativos les quitaron la representación de jueces de paz, el Ministerio Público alterno, así como la policía local, lo que generó una protesta generalizada de los pobladores, en su mayoría indígenas. En mayo de 2014, el Congreso de Puebla había aprobado la llamada “Ley Bala” que permitía el uso de armas no letales para el desalojo de manifestaciones sociales. Y aunque esta misma ley marcaba un protocolo de llamados al diálogo y de negociación antes de recurrir a cualquier método coercitivo, en la investigación que realizaron peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quedó demostrado que el desalojo violento fue ordenado cuando la manifestación era pacífica y no se habían agotado las posibilidades de un acuerdo. Incluso en la recomendación que emitió la CNDH quedó establecido que los policías persiguieron a los pobladores por las calles de su comunidad, cuando la carretera ya estaba despejada, y hasta les dispararon cartuchos de gas desde un helicóptero. El niño José Luis Tehuatlie Tamayo fue golpeado en la cabeza por uno de esos objetos lanzados por los policías y otros ocho pobladores resultaron gravemente heridos. Uno de ellos perdió la visión de un ojo, a otro le fracturaron la mandíbula, uno más quedó afectado de un oído y otro de una mano. El niño de 13 años de edad estuvo hospitalizado varios días, y el 19 de julio se confirmó su muerte. Desde el primer día, su madre, Elia Tamayo, fue sometida a una serie de presiones por parte del gobierno estatal para que señalara a los pobladores como los responsables del homicidio de su hijo. En distintas ocasiones narró que incluso la tuvieron encerrada a ella y a su madre (abuela del menor) durante varias horas adentro de un cubículo del hospital, para obligarlas a que firmaran un documento donde decía que el niño había sido alcanzado por un cohetón supuestamente lanzado por los lugareños en la trifulca. También contó que días después le ofrecieron una casa, becas para sus otros hijos e incluso le dijeron que darían un trabajo al padre de los hijos para que regresara a Puebla, pero ella insistió en su denuncia de que el niño fue herido por uno de los objetos que lanzaron los policías. Dedicada al tejido de cáñamo para la elaboración de tenderos, la humilde mujer se ha mantenido firme en su versión no sólo ante las autoridades mexicanas, sino ante representantes de la Organización de las Naciones Unidas, así como en un encuentro en Paraguay al que asistió invitada por el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Molacnats). El 13 de noviembre de 2014, representantes nacionales e internacionales de organizaciones defensoras de los derechos de los niños fueron testigos del momento en que personal de seguridad de la primera dama del estado, Martha Ericka Alonso, sacó por la fuerza a Tamayo del Centro Expositor adonde había acudido para exponer su caso. Hilario Gallegos Gómez señaló que aunque uno de los principales responsables de estos hechos, el ahora exsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, fue señalado desde un principio, hasta ahora sigue sin recibir castigo. Y tampoco se fincó responsabilidad contra el entonces procurador de Justicia del estado, Víctor Carrancá, quien defendió una y otra vez la versión de que el niño había muerto por la “onda expansiva de un cohetón” lanzado por los pobladores, pero se demostró que eso no tenía ningún sustento técnico. Luego Carrancá fue designado fiscal general del estado, y se mantendrá en ese cargo hasta el año 2022. Los cuatro pobladores detenidos al momento de los hechos son: Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras, liberados después de demostrarse que fueron capturados antes de que se desatara la trifulca y de que el niño resultara herido. También estuvieron encarcelados Raúl Contreras Montes, Álvaro García Xelhua, Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez García y Fausto Montes García, aprehendidos la madrugada del 18 de octubre de 2014, cuando los policías entraron a Chalchihuapan para allanar viviendas. En ese entonces el gobierno del estado justificó que esas aprehensiones eran en respuesta a la recomendación 2VG/2014, pero meses después los acusados pudieron salir libres a través de amparos federales. La propia CNDH reportó que a dos años de estos hechos, algunas de las recomendaciones que emitió en septiembre de ese año siguen sin cumplirse por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle. Y hasta ahora el único que está en prisión por los violentos hechos es el exalcalde auxiliar, Javier Montes, quien incluso ha sido señalado por delitos contra la salud para evitar que obtenga amparos que lo pongan en libertad, señaló Gallegos. “Es lamentable que Rafael Moreno Valle esté más ocupado en su imagen para la presidencia de la república, en lugar de cumplir las recomendaciones en torno a este caso”, reclamó. Tamayo, por su parte, se ha negado hasta la fecha a recibir el pago de la indemnización que ordenó la CNDH, y ha advertido que su exigencia es de justicia, es decir, encarcelar a los responsables de la muerte de su hijo y dictarle la libertad a Montes Bautista. Y una y otra vez la mujer ha señalado que el verdadero responsable de los hechos fue el gobernador Rafael Moreno Valle por haber ordenado que los policías llevaran a cabo el violento desalojo contra los pobladores.