CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Xavier Olea Peláez, informó que autoridades ministeriales del estado de Michoacán detuvieron a dos presuntos responsables de la ejecución del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte. El fiscal evadió dar detalles sobre ese hecho que exhibe, una vez más, la impunidad, violencia y colusión de autoridades de los tres niveles y el Ejército con la delincuencia organizada en Guerrero, pero reveló que al menos dos funcionarios de la FGE fueron despedidos porque la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) los acusó de enriquecimiento ilícito y presuntos nexos con el narcotráfico. No obstante, se negó a especificar el nombre de los inculpados y si existe un procedimiento legal en su contra. Las declaraciones de Olea Peláez se dieron durante una prolongada comparecencia del gabinete de Seguridad estatal ante comisiones unidades de la LXI legislatura local, donde los funcionarios del gobierno de Héctor Astudillo Flores afirmaron que la causa por la que no pueden revertir los efectos de la narcoviolencia en Guerrero es la "falta y desvío" de recursos públicos. Pese a reconocer lo anterior, el fiscal dijo que "no están para culpar a nadie" y tampoco especificó si se han integrado carpetas de investigación contra funcionarios y exservidores públicos por desviar para otros fines los recursos destinados a seguridad. En la reunión, el fiscal y el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Almazán, rechazaron que la estrategia contra el crimen implementada por el gobierno federal y dirigida por el Ejército haya fracasado en la entidad. Sin embargo, admitieron que en el gobierno de Astudillo la incidencia delictiva sigue al alza, además de que persiste la corrupción y la impunidad, aunado a los casi dos mil homicidios dolosos que se han registrado, principalmente en el puerto de Acapulco. Ante diputados de las comisiones de Gobierno, Justicia y Seguridad Pública, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Daniel Pano Cruz, dio a conocer que el proceso de certificación de las corporaciones policiacas –desde la administración pasada y a la fecha– lleva apenas un 74%. El funcionario detalló que de 10 mil 467 policías estatales y municipales, actualmente 9 mil 860 han sido evaluados, y de ellos 2 mil 233 han reprobado los exámenes de control y confianza. Detalló que la mayor cantidad de uniformados no aptos (mil 421) son de Acapulco, Zihuatanejo, Tlapa, Taxco, Chilpancingo, San Marcos, Chilapa, Ometepec, Tecpan y Atlixtac. Pano Cruz señaló que al 31 de julio de este año han sido certificados 7 mil 224 elementos policiacos, entre ellos 3 mil 453 agentes de la Policía Preventiva Estatal (PPE), 2 mil 958 municipales y 813 de la FGE. De igual manera, sostuvo que en el Fondo Federal de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) encontró un subejercicio acumulado de 2013 y 2014 por un monto de 57.43 millones de pesos, mientras que en 2015 el presupuesto del mismo fondo que no se ejerció fue de 317.86 millones de pesos. Ello quiere decir que hasta octubre el gobierno interino de Rogelio Ortega solo había aplicado el 1.25%, indicó Pano. Por ello, agregó, este año el presupuesto del FASP sufrió una disminución de casi 10%, al pasar de 321.2 millones de pesos a 290.0 millones. Finalmente, aseguró que los 8 mil 672 policías preventivos municipales y estatales están capacitados en el nuevo Sistema de Justicia Penal. En contraparte, Xavier Olea Peláez señaló que ninguno de los mil 356 elementos que conforman la Policía Ministerial (PM) está capacitado en el nuevo Sistema de Justicia Penal, porque los recursos públicos federales destinados para ese rubro fueron desviados. Y el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Almazán Cervantes, se declaró incompetente para dar de baja a los 512 policías estatales que no aprobaron los exámenes de control y confianza; argumentó falta de recursos públicos. Los tres funcionarios del gabinete de Seguridad admitieron que las metas de los programas de prevención del delito y procuración de justicia para tratar de revertir los efectos de la narcoviolencia no se han cumplido porque requieren más recursos económicos. Desde marzo pasado Apro informó que a fines de noviembre de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer un informe en el que advirtió “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos en 2014 –último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero– y 2015. Ese dinero provino del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinado a las entidades federativas. La ASF detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas, así como la compra irregular de armamento, que involucra al Ejército, y la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía General del estado, entre otras irregularidades. Según el informe, las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar esos gastos, incurrieron en diversas anomalías en materia de adquisiciones y violaron indicaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. La ASF concluyó que el mal manejo de los recursos federales provocó “el incumplimiento de las metas” del combate a la delincuencia en Guerrero, y emitió 20 observaciones que generaron tres recomendaciones, una solicitud de aclaración y 17 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. El análisis fue remitido a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado mediante el oficio A1/332/2015, fechado el 27 de noviembre de 2015, para investigar y sancionar a los responsables de la administración irregular. No obstante, hasta la fecha se desconoce el estado de la investigación ordenada por la ASF, y el gobernador Astudillo ha dicho públicamente que las auditorías a sus antecesores no son prioritarias para él. Uno de los casos más significativos del informe de la ASF se enfoca en la revisión de las partidas “Materiales de seguridad” y “Equipo de defensa y seguridad”, donde constató que el gobierno de Guerrero pagó 11 millones 689 mil 300 pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por “armas, municiones y cargadores”, en dos entregas: una por 1 millón 868 mil 400 pesos y otra por 9 millones 820 mil 900. Según la ASF, el estado recibió menos de la tercera parte del armamento y las autoridades estatales “no cuentan con documentación comprobatoria” del gasto de 8 millones 911 mil pesos, lo que “impacta de manera negativa en el equipamiento del personal de seguridad pública”.