CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador priista Javier Duarte de Ochoa volvió a utilizar sus redes sociales para minimizar la serie de investigaciones que sigue la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Procuraduría General de la República (PGR) por malversación de recursos públicos, peculado y uso indebido de funciones, que derivó en 32 querellas penales y en la investigación de 5 funcionarios y exfuncionarios de la administración duartista. Desde su twitter oficial @Javier_Duarte, el priista fustigó:

Soy el primer interesado en q la autoridad realice las investigaciones; la denuncia presentada por Yunes es ridícula y carente de veracidad.

— Javier Duarte (@Javier_Duarte) 24 de agosto de 2016

De las 32 querellas penales, algunas han sido presentadas por el departamento jurídico de la ASF, otras por el senador panista, Fernando Yunes y legisladores federales del PAN y PRD, sin embargo, las últimas tres han sido rubricadas por el gobernador electo, Yunes Linares. Tras tachar a Yunes Linares de “ridículo” y “carente de veracidad”, Duarte de Ochoa ha señalado que permanece tranquilo e, incluso, en una demanda que él interpuso en contra de su sucesor ante la Fiscalía General del Estado (FGE), prometió estar pendiente de las diligencias ministeriales, así ya no sea el gobernador de Veracruz, periodo constitucional que le vencerá el próximo 30 de noviembre. En entrevista con Radio Fórmula, Aristóteles Núñez, titular del SAT dio a conocer esta mañana que a raíz de que salieran a la luz las anomalías de las empresas fantasma y de la denuncia interpuesta por un ciudadano veracruzano (el gobernador electo, Yunes Linares) se han generado 32 querellas y se están realizando auditorías a Javier Duarte y a 5 funcionarios y exfuncionarios de su gobierno. Días atrás, el propio Duarte de Ochoa ha etiquetado a Yunes Linares de “ratero”, “delincuente” y un servidor público más peligroso que “El chapo” Guzmán, con un enriquecimiento ilícito –señala el priista- inexplicable. Hace dos semanas, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, aseguró que el gobierno de Veracruz tiene pendiente de solventar más de 90% de las observaciones que le ha hecho la institución a su cargo relacionadas con la aplicación de los recursos públicos desde 2011 hasta la revisión de la cuenta pública de 2014. Portal señaló que la institución a su cargo ha presentado denuncias penales al respecto, sin embargo, recordó que corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) determinar el delito del que se trata, así como los probables responsables. El caso de Veracruz, gobernado por el priista Javier Duarte, es “el más emblemático” de las 32 entidades del país, de acuerdo con Portal, en cuanto a las observaciones que ha hecho la ASF en los últimos años. Juan Manuel Portal reprochó que “por desgracia los tiempos en la PGR son muy largos y no hay fecha límite en los procesos de revisión para que el Ministerio Público determine si hay elementos suficientes para la denuncia, porque si no es así, se debe mandar a la reserva hasta que se consigan más elementos de investigación”. En ese contexto, Apro y Proceso publicaron en julio pasado que el exsecretario de Finanzas y Planeación, (Sefiplan), Salvador Manzur Diaz –hoy delegado federal del Banco Nacional de Obras-, el exsubsecretario de Sefiplan, Gabriel Deantes Ramos –hasta hace unos días secretario del Trabajo y Previsión Social- y el exsubsecretario de Egresos de la misma dependencia, Carlos Aguirre Morales, tramitaron los amparos 732/2016, 735/2016, 737/2016 ante Miguel Ángel González Limón, juez segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) para “salvaguardarse” contra cualquier acto privativo de libertad ante jueces locales, jueces federales, agencias del Ministerio Público, agencias del Ministerio Público Federal y la propia Procuraduría General de la República (PGR). En dicho paquete de amparos, Apro logró documentar que el extitular de Sefiplan, Tomas Ruiz González también tramitó un amparo federal, pero recurrió a la Ley de Protección de Datos Personales para evitar ser exhibido en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal o en los estrados del inmueble judicial. Para la fianza de dicho amparo, cada funcionario veracruzano tuvo que depositar la módica cantidad de 4 mil pesos. En la delegación de la PGR en Veracruz, ya acudió a declarar el excontralor general, Iván López quien en atropellada entrevista admitió que en el gobierno de Duarte hubo una “simulación de responsabilidades administrativas”, sin entrar en mayor detalle. “Todo mundo dice que hizo y hace y no fue así. Una cuestión de los citados (a declarar en la PGR) no han venido, les corresponde una responsabilidad, hay quienes han desacatado esa responsabilidad y pues no han venido”, se quejó. Apenas en abril pasado, la ASF hizo público, a propósito de la Cuenta Pública Consolidada 2014, que el gobierno de Duarte acumuló desvíos presupuestales por más de 35 mil millones de pesos del 2011 al 2014, tan solo en el último informe, los funcionarios priistas de Veracruz fueron incapaces de solventar más de 14 mil millones de pesos. En ese lapso, el jurídico del ente fiscalizador federal ha presentado 28 denuncias por presunto peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. “Están en todo su derecho de ampararse. Yo meto las manos al fuego, solo por Javier Duarte y mi familia”, respondió el priista cuando acudió a interponer una denuncia en contra del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes por presunto enriquecimiento ilícito y fue cuestionado por el actuar de sus funcionarios el primero de agosto pasado.