CAMPECHE, Camp. (proceso.com.mx).- El exsecretario de Salud Alfonso Cobos Toledo quedó vinculado hoy a un tercer proceso judicial, esta vez por el delito de uso indebido de documentos, por el que el juez de control David Bacab Heredia le dictó otra medida cautelar de prisión preventiva ahora por tres meses. El defensor Carlos Hugo Tondopo Hernández exhibió las irregularidades al debido proceso, “el dolo y mala fe” en que incurrió la fiscalía, pues un día antes de que el apoderado legal de la Secretaría de Salud y denunciante, Félix Villanueva, presentara su denuncia, el Ministerio Público emitió el dictamen pericial de grafoscopía y documentoscopía con los que se sustenta la acusación. “Tres meses es más que suficiente; más que suficiente…”, recalcó el juzgador a la fiscalía, que en un inicio solicitó la prisión preventiva no oficiosa contra el exfuncionario durante el “todo el tiempo” que dure este nuevo proceso, aunque al final ajustó la petición a un año. Esta nueva imputación es por la presunta falsificación de su firma en la constancia médica que su defensor Rafael Vila presentó el pasado 25 de febrero para justificar su incomparecencia en la audiencia programada ese día para dictarle la nueva medida cautelar que debía cumplir para afrontar en libertad los dos anteriores procesos penales que se le siguen. Cobos fue detenido por vez primera el 9 de mayo de 2016 junto con Miguel Ángel Duarte Reyes, exadministrador de la Secretaría de Salud. Fueron excarcelados el pasado 23 de febrero por un amparo federal contra la prisión preventiva y los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público. Los dos procesos penales a los que están vinculados de manera conjunta continúan, pero ahora sólo por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades y ambos afrontarían los juicios en libertad. El juez que los amparó consideró excesivos los cargos y la medida cautelar que fue de nueve meses de prisión preventiva por cada caso. En esta nueva carpeta de investigación por la presunta falsificación de sus propias firmas están imputados Cobos y Duarte como cómplices de su abogado Vila, contratado fuera del estado, contra quien también se libró una orden de aprehensión a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE). Agentes ministeriales dotados de sendas órdenes de reaprehensión y de cateo irrumpieron en los respectivos domicilios de Cobos y Duarte la madrugada del pasado martes. Sólo encontraron al primero. Aunque al segundo no lo encontraron, sí le causaron cuantiosos destrozos en su vivienda. Duarte sorpresivamente se presentó el pasado 9 de marzo en la audiencia que se postergó el 25 de febrero. No pudieron detenerlo porque llegó amparado contra esa nueva orden de aprehensión y acompañado de un nuevo defensor, también foráneo, ante la imposibilidad de Vila de regresar de momento al estado para continuar el caso. No obstante, la nueva medida cautelar por los dos primeros juicios sigue en suspenso. Al reanudarse esta tarde la audiencia de imputación por la tercera acusación, la cual inició el pasado martes, sólo estuvo presente Cobos Toledo, quien, como Duarte, es considerado ya un perseguido político del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Tras un extenso rodeo intentando justificar sus razones jurídicas y la dilación que estaba causando al explicarlas, pues el delito que se les imputa a los exfuncionarios es menor, Bacaab al fin soltó su deliberación. La concurrencia salió indignada al escucharla. A la audiencia fue llamado como testigo de la parte acusadora el director de Servicios Periciales de la FGE, quien fue quien elaboró el dictamen de la presunta falsificación de las firmas de los imputados. Al ser interrogado por la defensa, no pudo responder si la aparente diferencia en el cotejo de las firmas pudo ser causado por la afectación sicológica que padecen. Dijo que ese estudio sale de su ámbito de competencia. El peritaje fue grafoscópico y documentoscópico. A otro cuestionamiento aceptó que ninguna persona puede estampar nunca sus firmas idénticas y de encontrar unas así movería a sospechas. En un momento el juez hizo salir de la sala al perito que su parte presentarían los imputados en otra ocasión, para no enterarse de lo que ahí pasaba. En la “atropellada audiencia”, como la calificó el juez, Tondopo exhibió las irregularidades, el dolo y mala fe de la fiscalía en perjuicio de los imputados y en los instantes previos a la resolución de la situación jurídica de Cobos le pidió al juez que actúe “con imparcialidad, independencia, autonomía y sin presiones políticas”. Los diversos argumentos a que apeló la fiscalía para pedir la presión cautelar de prisión preventiva fueron la posible sustracción de Cobos y la seguridad de Selem y su familia pues ha recibido supuestas amenazas de muerte de desconocidos pero que atribuye a los imputados. La defensa descalificó y puso en tela de juicio esos argumentos. Al conocer la deliberación del juez, el defensor, que había solicitado para el imputado la medida cautelar de acudir a firmar periódicamente, le dijo que eran lamentables y excesiva. No obstante, advirtió que conseguirían un amparo y en esos tres meses su defendido tendría que ser liberado, como ocurrió en los otros procesos.