Denuncian atropellos en operativo contra supuestos 'huachicoleros” en Puebla

lunes, 13 de marzo de 2017
PUEBLA, Pue. (apro).- Habitantes de los municipios de Atzitzintla, Palmar de Bravo y Esperanza denunciaron que el operativo realizado la noche del jueves 9 en sus comunidades, supuestamente para detener a “huachicoleros”, estuvo plagado de atropellos y abusos de elementos la fuerza pública, e incluso aprehendieron a personas que no tienen nexo alguno con bandas delictivas. Cuatro mujeres de la localidad de San José Cuyachapa, municipio de Esperanza, aseguraron que Antonio, Roberto y Urbano, sus familiares, fueron detenidos mientras trabajaban como albañiles en una construcción, por lo que temen que hayan sido torturados para declararse culpables de algo que no cometieron. La semana pasada, la Fiscalía General del estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública instrumentaron un “megaoperativo” en el que detuvieron a 85 personas supuestamente ligadas con el robo de combustible, secuestros y el asesinato de tres policías ministeriales. Y el fin de semana la FGE reportó que puso a disposición del juez de Control a 65 de esas personas, entre ellas el alcalde de Atzitzintla, José Isaías Velásquez, y cinco policías del municipio, quienes supuestamente estarían vinculados con la operación o protección del grupo delictivo del “Bukanas”. Sin embargo, habitantes de los pueblos afectados afirmaron que los policías ingresaron a las casas rompiendo puertas, vidrios y apuntando con armas largas a los vecinos, y que se llevaron a las personas que encontraron a su paso, sin mayores elementos que apuntaran a su complicidad con bandas delictivas. Las mujeres denunciaron que la noche del jueves 9 se registró una balacera y que se sabe que hubo muertos, pero hasta ahora la autoridad no ha reportado nada. Incluso un joven de 17 años de edad, quien pidió el anonimato, narró que esa noche fue sedado por los policías que le dispararon un dardo, tras lo cual quedó inconsciente y sólo despertó después de dos días en casa de sus familiares. A cuatro días de esos hechos, los habitantes de los poblados donde se realizó el operativo dijeron que hasta ahora no les han permitido tener comunicación con sus familiares detenidos, la mayoría de los cuales –aseguraron– son albañiles y personas dedicadas al campo. Señalaron que gran parte de los habitantes se mudaron a las afueras del penal de Tepexi de Rodríguez, con la esperanza de que los dejen ver a sus parientes. Exigieron que no se violenten más los derechos humanos de los habitantes de esas localidades rurales y que se respete el debido proceso a sus familiares, para que no se incrimine a personas inocentes, sólo porque el gobierno estatal quiere dar muestras de actuar tras el asesinato de los tres policías. Por separado, el gobernador Antonio Gali Fayad presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por explotación e incitación a la violencia de 12 menores de edad, luego de confirmarse que bandas dedicadas al robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) los utilizan para labores de “halconeo”. El mandatario informó que los casos fueron detectados en el municipio de Palmar de Bravo, donde les pagan a menores de edad por alertar a los ladrones de combustible cuando elementos de seguridad se aproximan. Anteriormente Gali había asegurado que estos niños y jóvenes podrían ganar hasta 12 mil pesos mensuales por sus actividades de “halconeo” a favor de los “huachicoleros”, lo que provocaba conflictos familiares, ya que había niños que tenían mayores ingresos que sus propios padres. Aparte de esta denuncia, el gobernador dijo que pondrá en marcha un programa, con el apoyo de pedagogos y trabajadores sociales, para reforzar el trabajo de las escuelas en la formación de los niños y jóvenes de la zona conocida como “Triángulo Rojo”. Reconoció que en esos municipios hay jóvenes que incluso llegan a amenazar a sus maestros, porque se sienten protegidos por los integrantes de bandas delincuenciales con las que trabajan. Aparte, indicó que se recurrirá a sociólogos para que se impartan cursos de preparación a los policías de los municipios que se encuentran en la zona del “Triángulo Rojo”, donde la ordeña de ductos a la paraestatal se ha convertido en una de las principales actividades económicas. Luego de que su gobierno instrumentó un “megaoperativo” en el que fueron detenidas 85 personas, Gali Fayad anunció que esta semana la seguridad de la zona será reforzada con 500 elementos más del Ejército Mexicano. El mandatario rechazó que la Fiscalía del estado hubiera actuado de manera arbitraria en la detención del alcalde de Atzitzintla, Isaías Velázquez, y aseguró que tomará cartas contra cualquiera que reciba dinero para proteger o dejar operar a los grupos delictivos en sus municipios. “Hay que pensar que recibir mil pesos para tenerlos en la bolsa tendrá consecuencias. En eso tenemos que pensar antes de unirse a bandas delictivas”, advirtió.

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