CHILPANCINGO. Gro. (apro).- El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dio a conocer que acordó con el gobierno de Héctor Astudillo Flores guardar silencio, luego de que afirmó que las autoridades estatales pactaron con el narco y hacen negocio con la violencia en la entidad. El prelado señaló que sostuvo una reunión privada con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, donde fue obligado a asumir un pacto de silencio para que evite seguir hablando sobre los presuntos nexos de Astudillo con la delincuencia. “Ya no quiero hablar sobre este tema porque levantó polémica, se molestó mucha gente y sobre todo yo no busco eso, yo no busco polémica, yo no busco que la gente se sienta mal, yo busco la verdad y busco el diálogo, y he creído prudente hacerme yo mismo una cuarentena para que se calmen los ánimos. Por lo menos ya se hizo más conciencia, dimos un paso más”, expresó Rangel Mendoza durante una entrevista difundida por medios locales en la ciudad de Iguala. El jerarca católico acudió ayer a la parroquia de San Gerardo María Mayela de Iguala, donde fue abordado por reporteros sobre el caso que denunció el domingo pasado, que el gobierno de Astudillo pactó con el narco en algunas regiones de la entidad. Al respecto, el obispo dio a conocer que sostuvo un encuentro privado con el secretario Florencio Salazar, donde acordó ya no decir nada sobre los presuntos nexos de las autoridades con la delincuencia. “Ya clarificamos muchas cosas y yo, en concreto, al ver estas declaraciones, que en el fondo creo en todas ellas, se han fomentado muchos rumores, como que la bola de nieve ha ido creciendo y yo no quiero ni que me cause a mí problemas ni causar yo problemas”, expresó Rangel. También, acusó a los medios de comunicación de sobredimensionar sus declaraciones y remató: “algunos periodistas incluso le han aumentado más de lo que yo he dicho a mis declaraciones, ustedes saben que en mis declaraciones yo nunca he mencionado el nombre del gobernador ni del secretario de gobierno. Entonces, yo les dije a ellos que iba a guardar un periodo de silencio mientras se aplacan estas cosas, porque, como les decía, no me conviene a mí ni les conviene a ellos”. El obispo apeló a la comprensión de los ciudadanos al argumentar textual: “Ojalá me entiendan, porque yo les decía que hay periódicos y publicaciones donde ponen nombres y apellidos, cosa que yo nunca he dicho, y yo quiero evitar problemas simplemente, para ellos y para mí”, dijo en referencia a las autoridades estatales y los delincuentes. Los reporteros le preguntaron si fue presionado por el gobierno de Astudillo para que se retractara de sus acusaciones y dijo: “No para nada, para nada, nomás que ellos me explicaron la forma de cómo están las cosas, y entonces pues yo entendí que todo eso se les sale de su control”, dijo sin entrar en detalles. También, dijo que el secretario de Gobierno, le explicó “las limitaciones que existen dentro del gobierno y por más que hagan ellos, sin la ayuda federal no van hacer gran cosa, y entonces quedamos en eso, calmar las cosas y esperar un tiempo a que se tranquilice”, indicó. Dijo que durante el encuentro con Salazar Adame se planteó “una tregua” que consiste en abstenerse de hablar sobre el presunto pacto entre la delincuencia y el gobierno. Por su parte, el gobierno de Astudillo se comprometió en “tratar de hacer las cosas lo mejor que sea posible y abrir un diálogo más constante”. De esta forma el gobierno de Astudillo dobló al sacerdote que este domingo denunció que las autoridades estatales pactaron con el narco y hacen negocio con la violencia. El prelado había afirmado que el gobierno de Astudillo no sólo sabe quiénes son los jefes criminales y dónde operan, sino que se ha reunido con organizaciones criminales y mantienen acuerdos “bajo la mesa”. Desde el año pasado, Proceso ha documentado una serie de señalamientos contra Astudillo por sus presuntos nexos con el narco, entre los que destaca una historia registrada en el puerto de Acapulco que involucra al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, y los hijos del mandatario que han sido acusados de realizar negocios al amparo del poder. El 28 de julio pasado, Apro dio a conocer que Robles Hurtado tomó protesta en noviembre de 2015 como miembro de la organización priista Fundación Colosio a Iván Alonso Bustamante, hijo del empresario Joaquín Alonso Piedra, quien actualmente se encuentra preso por narcotráfico y acusado por el gobierno federal de ser operador financiero del cartel de los Beltrán Leyva en Acapulco. La captura del presunto lavador de activos del narco se registró el 27 de julio de 2016, luego de una serie de señalamientos contra los hermanos Ricardo y Héctor Astudillo Calvo, hijos del gobernador Astudillo, por realizar presuntos negocios al amparo del poder en Acapulco. Días antes, el 19 de julio del mismo año, un comando atacó a balazos la sede de la Notaría 19, propiedad del presidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado, ubicada en el fraccionamiento Costa Azul en el puerto de Acapulco. Además, los sicarios dejaron dos cartulinas con mensajes donde acusan al gobernador Héctor Astudillo Flores, así como al fiscal en la entidad, Xavier Olea Peláez, y al propio Robespierre Robles, de recibir dinero y “no cumplir con el acuerdo” de liberar a David Canek Palma Analco El Deivid, señalado como presunto líder de una facción del grupo delictivo denominado Cártel Independiente de Acapulco (Cida). Una semana después, agentes federales detuvieron al empresario Joaquín Alonso Piedra en plena zona urbana del puerto, y los señalamientos por presuntos nexos con el narco contra el gobernador Astudillo y el titular del Poder Judicial, Robespierre Robles, simplemente se diluyeron.