CUERNAVACA, Mor. (apro).- Acompañados de diputados del PRI, PAN, PES y Panal, trabajadores del Congreso local presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la retención indebida de su salario de las últimas dos quincenas. Mientras corría el trámite en la sede de la CEDH, la presidenta de la Mesa Directiva del Legislativo, Beatriz Vícera Alatriste, condicionó el pago de los sueldos a que PRI y PAN reduzcan su personal en 20%. De pasada, la legisladora perredista culpó a su excorreligionario, el priista Francisco Moreno Merino, expresidente de la Mesa Directiva, de haber solicitado 63 millones de pesos en adelanto de partidas presupuestales, recursos que nadie sabe en qué se gastaron. En un acto inédito, los diputados acompañaron a su personal de confianza y fueron recibidos por el ombudsman Jorge Arturo Olivares Brito. Los empleados advirtieron que la versión de Vícera Alatriste es “mentira”, pues en realidad no les han pagado en venganza porque los diputados del llamado “G-10” (grupo de los 10) votaron en contra de la recientemente aprobada reforma electoral que, entre otras cosas, aprueba la reelección de diputados hasta por cuatro periodos. “Denunciamos este tipo de conductas que menoscaban la dignidad de las personas, por razones de género y discriminación, lo que nos obliga a formular nuestra queja”, advirtieron los legisladores. “Los quejosos somos 10 diputados que en la pasada sesión votamos en contra de la reforma electoral. Lo que todo indica que se trata de un revanchismo político, pero traducido en falta de remuneración a compañeros trabajadores y trabajadoras”, aseguró la legisladora panista Norma Alicia Popoca Sotelo. Los legisladores también buscaron refutar las cifras que ofreció la diputada presidenta. “Son otras las razones de que el Congreso esté en quiebra. La verdad es que lo que necesitamos es una auditoría profunda, que incluso alcance a la anterior Legislatura, para conocer qué pasó, de dónde viene el déficit de 150 millones de pesos, y aclarar si Francisco Moreno Merino es el responsable o el desfalco viene de más lejos”. Por su parte, Olivares Brito anunció que enviará a un visitador al Legislativo local para “supervisar el nivel” de la protesta que mantienen los trabajadores y diputados desde el jueves 1 de junio, pero además para dar fe si están o no obstruyendo las labores del Congreso morelense. El ombudsman local indicó que más allá de un problema de carácter laboral, es claro que sí se trata de un acto de revanchismo “que es inaceptable”, por lo que se comprometió a darle seguimiento a la queja y, al mismo tiempo, exhortó a la presidenta del Congreso a atender el asunto para que “se restablezca con dignidad a los trabajadores”. Reducir nómina Vícera Alatriste culpó a su compañero Francisco Moreno Merino de ser el culpable del desfalco. Aseguró que siendo presidente de la Mesa Directiva, el ahora priista ejerció “por adelantado” 63 millones de pesos del presupuesto ordinario asignado para este 2017 al Congreso morelense, lo que provocó un desfalco que mantiene a la Cámara local en serios problemas de liquidez. Por ello, solicitó a sus compañeros de las bancadas de PRI y PAN reducir la nómina de su personal. En rueda de prensa, reveló que tan sólo la nómina de colaboradores del coordinador del grupo parlamentario priista, Alberto Martínez González, asciende mensualmente a 648 mil 545 pesos, mientras que la de los empleados de su homólogo panista, Víctor Manuel Caballero Solano, es de 526 mil 447 pesos mensuales. Diputados con más de 40 asistentes El grupo civil Morelos Rinde Cuentas exhibió el mismo 1 de junio una lámina producto de sus indagatorias en materia de información pública y transparencia, en la que se establece que serían 392 plazas de trabajadores de confianza destinados a personal de los diputados. De ellas, la concentración se registra entre diputados del PRD, un panista y uno de Nueva Alianza. Según el documento, la diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta cuenta con 42 asistentes en la nómina del Congreso local, lo que significa más de 12% del total; le sigue el diputado con licencia de Nueva Alianza, Francisco Santillán Arredondo, actual secretario del Trabajo de Graco Ramírez, quien cuenta todavía con una nómina de 28 asistentes. Enseguida está la presidenta de la Mesa Directiva, con 22 colaboradores; luego los diputados perredistas Ricardo Calvo y Julio Espín Navarrete, con 20 empleados cada uno; enseguida está, también con 20 trabajadores, el panista Carlos Alaniz, quien también votó a favor de la reforma electoral en días pasados, ha sido separado de la bancada y tiene sobre sí un proceso de expulsión del PAN. Vienen luego dos perredistas más, el expanista José Manuel Tablas Pimentel y Anacleto Pedraza, con 19 y 16 trabajadores, respectivamente. Sólo estos ocho diputados hacen un total en nómina de 187 trabajadores, lo que representa 53% de la nómina total.