CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los policías comunitarios Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina Gálvez y Arturo Campos Herrera, detenidos en 2013, “son rehenes del Estado”, aseguró este miércoles el abogado José Enrique González. El gobierno los tiene encarcelados “porque quiere paralizar a las comunidades para que no sigan funcionando las policías comunitarias”, destacó el exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Luego de insistir que los presos políticos “son una forma para inhibir la lucha social”, González pidió el apoyo de la sociedad para lograr su libertad, porque en muchas ocasiones, dijo, la vía jurídica no es suficiente. Y amenazó con llevar el caso de los autodefensas de Guerrero a la representación de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por considerar que se “criminaliza” la lucha social y el derecho a la defensa personal y de sus comunidades, dado que se les imputa hasta siete causas penales, entre ellas terrorismo y portación de armas de fuego. “Ellos son presos políticos y deben ser liberados”, subrayó el presidente de la comisión que conformó el Congreso del estado para investigar los crímenes de lesa humanidad entre 1969 y 1979. En respuesta, el Comité para la Libertad de Presos Políticos de Guerrero (CLPG) aseguró esta mañana que continúa con la lucha para liberar a los detenidos. Recordó que Samuel Ramírez, indígena na savi, fue capturado el 6 de octubre de 2013, mientras ejercía sus labores de policía comunitario. Tenía 17 años cuando fue acusado de portación de arma de fuego y luego sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión. Gonzalo Molina fue detenido un mes después, el 6 de noviembre, acusado de secuestro y otros delitos. “Aunque él ha demostrado su inocencia y que los delitos que le imputan son falsos, sigue preso”, aseguró el CLPG. Y destacó que además de Samuel y Gonzalo hay otros tres miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que se encuentran presos, además de que las autoridades han girado 70 órdenes de aprehensión contra sus integrantes. En conferencia de prensa, Gonzalo Molina, Samuel Ramírez y Arturo Campos (detenido en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero) se enlazaron vía telefónica desde sus celdas para hablar sobre su encarcelamiento. “Vamos a demostrar con pruebas que soy inocente. Sé que no he cometido ningún delito”, expresó Campos, a quien se le imputa el delito de secuestro. Beatriz Gálvez, madre de Samuel, también participó en el enlace y explicó que la situación de los presos representa una lucha por su comunidad. “El gobierno siente que teniéndolos dentro los está afectando; los afectados somos los familiares. Ellos (los presos) tienen la idea de que están luchando por su comunidad, cayeron ahí por estar brindando un servicio a la comunidad”, dijo. En la rueda de prensa se informó del caso de Ángel García, detenido junto con Arturo Campos y otros compañeros acusados de secuestro. Según el CLPG, García pudo salir bajo fianza porque la acusación cambió de secuestro a privación ilegal de la libertad. Sin embargo, él y sus otros compañeros siguen procesados por ese delito y tienen que presentarse mensualmente en Tlapa de Comonfort, lo que les perjudica económicamente. “Genera muchos gastos y nos siguen considerando delincuentes, aunque hayamos demostrado con pruebas que no lo somos”, dijo Ángel García. El CLPG resaltó que la CRAC-PC es una institución de los pueblos indígenas cuyo modelo de justicia es efectivo y exitoso, y surgió como una posibilidad para que pueblos y comunidades tomaran la justicia en sus manos. Además, agregó, está avalada por la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero, el artículo 2º de la Constitución Mexicana y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).