La Prodecon señala 'malas prácticas” de la Secretaría de Finanzas de Michoacán

miércoles, 10 de enero de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) reconvino a la Dirección de Operación de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Michoacán, por no devolver a una contribuyente el monto de un millón 10 mil 514 pesos indebidamente pagado del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) en el periodo comprendido de enero a agosto de 2014. En un comunicado, la Prodecon precisó que la contribuyente contaba con una resolución favorable por parte de la Dirección de Ingresos de la propia Secretaría para que se le devolviera el pago de lo indebido solicitado; sin embargo, la Dirección de Operación de Fondos y Valores se negó a realizar la entrega de recursos a la contribuyente manifestando que la administración anterior no dejó programado el pago de dicha devolución. Por su parte, añadió, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado perpetuó esta violación de derechos de la contribuyente, al ser omiso en ordenar realizar las gestiones de pago correspondientes, aun cuando la Dirección de Operación de Fondos y Valores hizo de su conocimiento dicha situación. Además, subrayó, la delegación de Prodecon en Michoacán le convocó a mesa de trabajo, a la que no acudió ni dio atención a la problemática de la contribuyente. El ombudsman fiscal consideró que el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Michoacán y su Dirección de Operación de Fondos y Valores violaron, en perjuicio de la contribuyente, los derechos fundamentales de legalidad, seguridad y certeza jurídica establecidos en la Constitución Mexicana. La Prodecon señaló las malas prácticas de las autoridades al privar a la contribuyente de un derecho reconocido de recibir el pago de su devolución, justificando su actuar en faltas u omisiones de administraciones anteriores sin considerar que, sin importar los periodos de gobierno, se trata de una obligación que contrajo la Secretaría de Finanzas, a la que representan los actuales titulares, y que dichas gestiones administrativas no pueden estar por encima de la restitución del goce de un derecho de los gobernados y este no puede quedar suspendido a un plazo indeterminado.