Pobladores de Hopelchén denuncian a funcionarios de Cibiogem por violar disposiciones sobre transgénicos

miércoles, 28 de noviembre de 2018
CAMPECHE, Camp. (apro).- Comunidades mayas del municipio de Hopelchén denunciaron ante los órganos internos de control del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a funcionarios de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) por violar las disposiciones legales sobre transgénicos. Entre los acusados se encuentran Sol Ortiz García y Marco Antonio Ramírez Velázquez, titular de la Cibiogem y subdirector de Políticas y Normatividad Internacional de la Cibiogem, respectivamente; David Mendoza Gaytán, subdirector de Diseño y Operación de la Consulta de la CDI, y David Ricardo Chay Vela, director de esa dependencia en Hopelchén. Los funcionarios son acusados de incurrir en diversas faltas administrativas que han afectado los derechos humanos de las comunidades mayas en el marco de la consulta indígena ordenada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en noviembre de 2015. Los denunciantes recordaron que en 2015 la SCJN canceló el permiso de soya genéticamente modificada, otorgado a la empresa Monsanto en 2012, hasta en tanto no se realizara una consulta indígena apegada a altos estándares internacionales, con el carácter de previa, libre e informada. “El máximo tribunal del país encargó a estos funcionarios de la Cibiogem y de la CDI llevar a cabo esta consulta, misma que dio inicio en marzo de 2016 para las comunidades del municipio de Hopelchén, y en abril del mismo año para las de Tenabo”. No obstante, se cometieron distintas y constantes irregularidades durante el proceso de consulta, que no cumplió con el carácter de “previa”. Por ello, los funcionarios públicos mencionados “son denunciados por actos y omisiones que han contravenido los principios que rigen y orientan el servicio público, como legalidad, objetividad, profesionalismo e imparcialidad”, pues además permitieron que se continuara sembrando en el estado soya transgénica “de manera ilegal e impune” en los ciclos agrícolas 2016, 2017 y 2018. Asimismo, acusaron que los acuerdos tomados en las sesiones de consulta fueron desconocidos, con lo que además se violó “el derecho a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno de los pueblos indígenas, como es la elección de sus propios representantes”. Expusieron que el 27 de mayo de 2017, en el marco del proceso de consulta, los funcionarios de la Cibiogem y de la CDI se rehusaron a reconocer como representantes de las comunidades a las personas que se habían elegido conforme a sus propias reglas y procedimientos de representatividad. “Esta postura de las autoridades daña los principios más elementales del proceso de consulta, tratando a las comunidades como colectivos que no pueden decidir por sí mismos”. Destacaron que también les fue negado a los representantes de las comunidades indígenas participar en los procesos de inspección y vigilancia de la siembra ilegal de soya genéticamente modificada, como una medida para reparar el incumplimiento de los estándares de consulta informada y de buena fe. “Han sido las propias comunidades quienes han llevado a cabo monitoreos y denuncias comunitarias desde 2016 sin que haya respuesta favorable por parte de las autoridades agrícolas”, se quejaron. De igual manera, manifestaron que ambas instancias tampoco garantizaron “las condiciones de seguridad y respeto en las sesiones de la consulta, para que las comunidades indígenas puedan desenvolverse en un ambiente de confianza y libre de hostilidades”. Los funcionarios de la Cibiogem, subrayaron, han asumido una actitud parcial y dolosa con respecto a la información que presentaron ante algunas comunidades consultadas, en el sentido de favorecer la siembra de soya transgénica. Por lo anterior, María Colín, asesora legal de Greenpeace México, exigió “a los órganos internos de control que inicien las investigaciones pertinentes por estos hechos y den un mensaje para todos los funcionarios que participan en procesos de consulta indígena similares”. En tanto, el abogado de las comunidades denunciantes, Carlos Luis Escoffié Duarte, reclamó que “las consultas indígenas no pueden ser tratadas como un trámite superficial”. “Las autoridades que así han ejercido sus funciones incurren en responsabilidad. A las comunidades les preocupa que el proceso de consulta, en lugar de ser un espacio de toma de decisiones y de reivindicación de sus derechos, siga manejándose como una mera simulación", agregó. Escoffié sostuvo que los funcionarios denunciados han violentado diversas disposiciones de la Constitución federal, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Código de ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y de la Declaración de las Naciones Unidas sobe los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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