TOLUCA, Edomex (apro).- Los grupos parlamentarios de Morena y Acción Nacional (PAN) formalizaron la iniciativa con la que pretenden que el pleno cameral retome su facultad de calificar las Cuentas Públicas estatal y municipales para fortalecer la fiscalización del erario. La primera iniciativa fue promovida por el diputado Tanech Sánchez, en su calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), y prevé modificar la Constitución local y la Ley de Fiscalización para que, además de encargarse de la calificación, la Legislatura revise el contenido de las cuentas públicas y los informes de auditoría entregados por el organismo. También precisa que la calificación del dictamen de la Comisión de Vigilancia no invalidará ni suspenderá las responsabilidades derivadas de la fiscalización que promueva el OSFEM, como lo arguyó el PRI cuando el pleno rechazó los dictámenes de los ejercicios 2017. Además, los ciudadanos podrán solicitar que se practiquen auditorías especiales, y éstas procederán cuando los diputados lo consideren pertinente. Si se aprueba, el OSFEM tendrá un plazo improrrogable, que vence el 30 de agosto del año en que se entreguen las cuentas públicas, para presentar a la Comisión de Vigilancia un informe de resultados de carácter público (en la actualidad se publicita sólo hasta que el pleno avala o rechaza el dictamen en el mes de noviembre). En consecuencia, deberá ser publicado en medios electrónicos inmediatamente. De esta manera, se duplicará el plazo de revisión (a tres meses) y el pleno deberá calificar el decreto a más tardar el 30 de noviembre del año en que se presente el informe. Sánchez Ángeles indicó que con frecuencia la rendición de cuentas se interpreta como un “mero informe de contabilidad, centrado en las sumas y gastos del presupuesto”, cuando en sentido más amplio designa el proceso por el cual los servidores públicos deben informar y explicar sus decisiones y actos de gobierno, de tal manera que se hagan responsables del ejercicio de la autoridad que les fue conferida. “La rendición de cuentas no sólo se refiere a los datos numéricos y los gastos, también a la explicación y justificación de las decisiones que se toman, así como los logros y metas alcanzadas”, expuso. En tanto, la fiscalización consiste en determinar la legalidad y la honestidad en el manejo de los fondos públicos, y puede ser interna --si se realiza dentro de la misma administración del Ejecutivo-- o externa, si está a cargo de la Legislatura, el Poder Judicial y el pueblo. De ahí la importancia de regresar la facultad de calificar la cuenta pública a la Legislatura para un control presupuestal claro y oportuno, ajeno a toda motivación política o de grupo, con el objetivo de contribuir a identificar errores u omisiones, disminuir o reducir los actos de corrupción dentro de la administración pública, y garantizar el uso correcto de los fondos, abundó. La rendición de cuentas, dijo, es una exigencia de la transición democrática actual, y garantizará un mejor desempeño, a sabiendas de que las dependencias públicas estarán escudriñadas por la sociedad. La transparencia impulsa la credibilidad en los funcionarios públicos y dota mayor confianza ciudadana, con lo que se pretende combatir la corrupción, agregó el morenista. La segunda propuesta fue presentada por el diputado Anuar Azar, coordinador de la bancada panista, quien destacó que “la ejecución de los recursos públicos es parte medular del mejoramiento de los servicios y la garantía de los derechos, por lo que se deben administrar con estricto apego a los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez”. Con la finalidad de que la decisión de la Legislatura de cualquier manera no sea meramente política, ni dé pie a la cacería de brujas o a la venganza política, sino se base en revisiones técnicas, planteó la creación de una unidad técnica de evaluación, auxiliar del análisis, dependiente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM. En 2004 se creó el OSFEM como un órgano técnico auxiliar de la revisión de las cuentas públicas, pero en 2007 (cuando Enrique Peña fue gobernador) se reformó la Constitución para quitar al Poder Legislativo la facultad de calificar la cuenta pública, atribuyéndole sólo la capacidad de revisar. Para el panista, si bien aquella reforma transformó la decisión política en técnica, también excluyó al pleno de la facultad de fiscalizar los recursos públicos. Ambas propuestas se turnaron a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del OSFEM para su análisis y posterior dictamen.