TOLUCA (apro).- Comuneros de Acazulco, municipio de Ocoyoacac, entablaron la queja 34315/2018 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violación a la suspensión del amparo 109/2018 en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, y solicitaron la aplicación de medidas cautelares para que los trabajos se detengan y se retire la fuerza pública de su territorio. Santiago Pérez, abogado de los campesinos otomíes, precisó que la denuncia se estableció en contra del presidente Enrique Peña, el gobernador Alfredo del Mazo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y las Policías Federal y Estatal. Desde esta mañana, alrededor de 700 afectados marcharon hasta la sede de la CNDH en varios bloques, con el propósito de visibilizar su lucha y generar conciencia. Pérez Alvarado recordó que la obra no tiene el consenso de la comunidad y afecta los mantos freáticos de la zona. A través de un comunicado, el Gobierno mexiquense admitió el reinicio de las obras este martes, entre los kilómetros 31+200 y 34+400, que corresponden a los parajes Valle La Magueyera, El Venado, La Loma y Pantano, con el apoyo de dos mil elementos de las Policías Estatal y Federal. “Las notarías públicas 190, 20 y 146 del Estado de México dieron fe de que ningún elemento policiaco contaba con armas y solo resguardaban el perímetro, como lo marca la ley, para la construcción del Tren Interurbano México-Toluca”, afirmó. Las labores, realizadas por 600 trabajadores, expuso la autoridad estatal, se realizan “en acatamiento a disposiciones judiciales”, debido a que el amparo promovido por los comuneros fue sobreseído el 22 de marzo de 2018 por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. La administración mexiquense también asegura que en los trabajos se ha cumplido minuciosamente con la normatividad y el proceso de indemnización a los comuneros; esto último, ha sido rechazado por los afectados.