MONTERREY, NL. (apro).- Ramiro Salas Ramos era un estudiante becado por excelencia académica. Cursaba una maestría cuando, el día 4 de abril de 1978, salió de su casa y sus familiares no lo volvieron a ver. Cuatro décadas después, su hermana Ana María, lo sigue buscando. Así como sus padres murieron con la certeza de que estaba vivo, ella aún cree lo mismo y demanda al Gobierno Federal que se lo entregue. La esperanza de localizarlo no ha decrecido, pues existe un testimonio documentado de que una persona lo vio dos años después, encarcelado en el Campo Militar 1 de la Ciudad de México. Lleva más de la mitad de su vida buscando a Ramiro y cuando recuerda su desaparición, Ana revive la rabia intacta, porque en el tiempo en que ocurrió el secuestro, en plena Guerra Sucia, ninguna autoridad se ocupó de investigar su paradero. Los desaparecidos de aquel tiempo son como los de ahora, que parecen no importar a la autoridad, señala la maestra jubilada del Tecnológico de Monterrey: “La impunidad de ayer sembró las bases para la impunidad que se vive hoy”. Participante en el Foro de Pacificación, que el pasado martes encabezó Alfonso Durazo Montaño, próximo secretario de Seguridad Pública federal, en la Escuela Libre de Derecho de Monterrey, Ana María sostiene que seguirá buscando a su hermano hasta el límite de sus fuerzas. Ramiro tenía 25 años cuando cursaba su maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León y, como estudiante de excelencia, recibía una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El día de su desaparición hubo una redada de las extintas Policía Judicial del Estado de Nuevo León (PJE) y de la temible Brigada Blanca, un cuerpo de élite del Gobierno Federal que se ocupaba de encontrar a los integrantes de grupos subversivos que había en el país, recuerda su hermana. Ramiro fue detenido junto con otros cuatro jóvenes, cerca de las instalaciones de la PJE, en la avenida Venustiano Carranza. La familia buscó al estudiante, preguntó por él con los allegados, pero no obtuvo respuesta. Nadie conocía su paradero. El 6 de abril de ese año, al segundo día de su ausencia, presentaron la respectiva denuncia penal por su desaparición. Sin embargo, la Policía Judicial nuevoleonesa se deslindó de los hechos, pese a que hubo testigos y noticias en los medios, que reseñaron el arresto de los muchachos. Ella conserva periódicos de los días 5, 6 y 8 de abril que dan detalles de la redada contra presuntos guerrilleros. “La Judicial no reconoció el hecho. Cuando mi madre se presentó a hacer la denuncia de la desaparición. Fingieron que no sabían nada, que no eran partícipes”, señala Ana María, mientras estruja una fotografía en blanco y negro con el rostro joven de su hermano. Ante la indiferencia oficial, María del Carmen, madre de Ramiro, se unió en huelga de hambre a Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús fue víctima del mismo delito, para protestar por los desaparecidos. Los familiares revivieron su esperanza cuando se enteraron del testimonio de José Alfredo Medina Vizcaíno, a quien sus padres encontraron en el estado de Chihuahua. Este joven había estado detenido en el Campo Militar 1, de la Ciudad de México y testificó que el domingo 13 de abril de 1980 compartió celda con Ramiro y José Fernando López, otro de los chicos que había sido detenido en Monterrey por la PJE y la Brigada Blanca. Sin embargo, la declaración no ofreció resultados, pues ninguna autoridad emprendió una indagatoria para encontrarlo. Pasaron los años y el caso fue archivado. La última novedad que tuvieron sobre la desaparición data de diciembre del 2015, cuando la Procuraduría General de la República la contactó a ella para anunciarle que enviarían especialistas a tomarles muestras genéticas a los familiares sobrevivientes, para cotejarlas con restos humanos que han encontrado. Para entonces, recuerda que a la familia le había sido entregada en el 2001 una constancia en la que se reconocía que habían sido violentados los derechos humanos de su hermano. El martes Ana María acudió al encuentro de pacificación para demandar justicia, una condición indispensable para que el país pueda encontrar la paz, afirma. “Esto lo vengo a denunciar porque no quiero que quede en vano tanto año de lucha, ni el sufrimiento de mis padres y de toda la familia. Mis padres envejecieron, enfermaron y murieron siempre con la convicción de que él estaba vivo. Eso lo hemos heredado. Mi hermano está vivo, pero ¿dónde está? ¿Qué hicieron con él? El Gobierno Mexicano fue el culpable de esa desaparición forzada y tenemos pruebas”, concluye.